miércoles, 26 de marzo de 2014

Sergio Sarmiento - Las secundarias

"Ningún placer tiene sabor para mí sin comunicación".

Michel de Montaigne
 
Llegaron tarde pero cuando menos llegaron. Las iniciativas para la legislación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión fueron enviadas al Senado por la Secretaría de Gobernación al mediodía de este 24 de marzo. Las enmiendas constitucionales ordenaban que la legislación se emitiera el 9 de diciembre de 2013, pero no había sanción para esta violación a la Constitución. Sin incluir los oficios de impacto presupuestario de Hacienda, el documento se extiende a 246 páginas. Su análisis puntual requiere necesariamente de cierto tiempo.

Los presidentes del PAN, Cecilia Romero, y del PRD, Jesús Zambrano, reaccionaron, sin embargo, apenas unas horas después. En un comunicado conjunto rechazaron de tajo las iniciativas porque "no reflejan el contenido de la reforma en ambas materias". La diputada perredista Purificación Carpinteyro, especialista en la materia que ha sido subsecretaria de Comunicaciones y alta ejecutiva de empresas privadas de telecomunicaciones, afirmó que las iniciativas "amputan todas las facultades al órgano regulador". Afirmó que dan un trato desigual a los concesionarios de telecomunicaciones y de radiodifusión.






La misma rapidez con la que estos políticos de oposición reaccionaron generó suspicacias. ¿Estaban simplemente expresando puntos de vista preconcebidos? No lo sé. Por lo pronto ayer el coordinador de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal, señaló: "No podemos de manera anticipada calificar o descalificar la iniciativa del Ejecutivo. Nuestro compromiso es muy claro. La vamos a revisar con toda tranquilidad, con toda paciencia y con toda la responsabilidad que el caso amerita". En la presentación y en entrevistas el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que la iniciativa promueve una mayor competencia que llevará a una mejora en la calidad de los servicios con una reducción de los precios.


Ayer los inversionistas bursátiles parecieron estar de acuerdo con la diputada Carpinteyro. Las acciones de América Móvil cayeron 3.96 por ciento mientras que las de Televisa subieron 1.07 por ciento. Quienes se ganan la vida calculando los premios y castigos que el gobierno aplica a las empresas consideraron que las leyes secundarias lastiman más a las de Carlos Slim que a las de Emilio Azcárraga.

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, sin embargo, hizo circular un documento entre sus agremiados en el que se queja de que "el proyecto de ley cambia de manera radical las condiciones de operación de la radio y la televisión en México". Las propuestas de aplicar códigos de ética externos o de crear un "defensor de la audiencia" fueron vistas como formas de oficializar la censura. La iniciativa eleva de forma considerable las sanciones a las que pueden ser sometidos los concesionarios de radio y televisión al definirlas como porcentaje de sus ingresos en vez de montos fijos. Las iniciativas permiten también que los medios públicos comercialicen sus espacios lo cual genera, a juicio de los privados, que pagan por sus concesiones, una competencia desleal.

Los operadores de radio y televisión (aclaro interés: yo colaboro con Grupo Radio Centro y TV Azteca) se quejan también de que la ley contempla el cobro por el gobierno de una contraprestación por cada canal de multiplexeo (transmisiones adicionales en canales digitales) y nuevos tiempos de Estado, un impuesto especial adicional que se aplica solo a esta industria.
A mí en lo personal me preocupan los artículos que parecen establecer la censura como una práctica legal y sistemática. Pero reconozco que apenas empiezo a sumergirme en el análisis de la legislación. Tendré más comentarios en el futuro.

Competencia
En el otro lado de la tenaza, la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general la nueva Ley de Competencia. Los legisladores suavizaron una legislación que en opinión de algunos daba poderes excesivos a la Comisión de Competencia, incluso poderes para controlar precios.




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