"¿Piensas que un Estado puede subsistir sin ser derrocado si las decisiones de la ley carecen de poder y son descartadas e invalidadas por individuos?".
Sócrates (Platón, Critón)
Las transgresiones se han hecho hasta ahora simplemente ignorando la ley. Lo que vimos ayer fue otra cosa. El gobierno de Gabino Cué y el Congreso de Oaxaca firmaron una declaración política con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para desacatar la ley de educación e iniciar un proceso de consulta con el propósito de determinar si en definitiva se aceptará o rechazará en Oaxaca.
Según el secretario de Educación del gobierno de la República, Emilio Chuayffet, el artículo tercero transitorio de la Ley General de Educación y el duodécimo de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación establecen seis meses para armonizar las leyes estatales con la nueva legislación federal en la materia.
La fecha límite es este miércoles 12 de marzo.
Dieciocho estados han aprobado ya leyes locales de conformidad con esta disposición y al menos siete las están discutiendo. En algunos estados hay claramente resistencia u omisión. Pero en ninguno, excepto Oaxaca, se ha firmado un acuerdo político entre el gobierno, el Congreso local y el sindicato, para desacatar la ley federal.
El gobernador Gabino Cué ha gobernado hasta ahora aterrado o coludido con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que controla la Sección 22. No sólo se ha negado a reconocer los estudios realizados por alumnos de la Sección 59, rival de la 22, sino que ha estado dispuesto a pagar quincenas y bonos de desempeño íntegros a los docentes de la CNTE a pesar de que no se han presentado a trabajar durante meses.
Ahora da un paso más al declararse en rebeldía ante una federación que corre con los gastos íntegros del sistema educativo oaxaqueño.
La Sección 22 ha amenazado no sólo con suspender clases 48 horas este 11 de marzo, sino también con bloquear calles y carreteras. Sabemos que el gobierno oaxaqueño tiene miedo de usar la fuerza pública para mantener abiertas las vías de comunicación por lo que se prevé para hoy una nueva jornada de parálisis y terrorismo en Oaxaca.
Lo peor de todo es que, a pesar de que el gobierno ha cedido ya de manera ignominiosa ante el chantaje de la Sección 22, cuyo secretario de Organización, Francisco Villalobos, declaró ayer que el único modelo educativo que se adoptará en Oaxaca es el de la CNTE, el sindicato llevará a cabo de todas maneras sus bloqueos dañando profundamente a la población oaxaqueña.
La gran pregunta es qué puede hacer el gobierno de la república ante un gobierno que acepta las condiciones de un sindicato y firma un acuerdo que lo compromete a desobedecer la ley. ¿Se quedará cruzado de brazos? Los gobiernos de los estados, es cierto, son soberanos, pero deben obedecer la Constitución y las leyes generales de la Federación mientras permanezcan dentro de ella.
Esto es particularmente cierto en un estado como Oaxaca que vive de las transferencias federales.
¿Podrá promover el gobierno federal un juicio político del gobernador Cué por su abierta desobediencia de la ley? ¿O tendrá que aceptar que la reforma educativa, aprobada a nivel constitucional, deberá ser suspendida en aquellos estados en que los gobernadores no quieran o no se atrevan a aplicarla?
Accidentes y tarifas
Por un accidente que dejó una estudiante muerta y a 20 lesionados el gobierno de Jalisco, encabezado por el priista Aristóteles Sandoval, bajó el precio del transporte público de Guadalajara de 7 a 6 pesos. ¿Ayudará en algo esta medida a reducir los accidentes? Por supuesto que no. Al contrario, puede generar más.
Pero el populismo no entiende de lógica ni de razones.
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