Amenazante, en primer lugar, para las propias autoridades, especialmente las municipales, cuya escasa fuerza los hace vulnerables; pero también a los ciudadanos que de ser presa del crimen organizado podrían pasar a ser ahora víctimas de las autodefensas, cuyos miembros ya han probado su capacidad delincuencial.
Justo en estos días Alfredo Castillo, comisionado del gobierno federal para la seguridad de Michoacán, confirmó que el asesinato del presidente municipal de Tanhuato, Gustavo Garibay García, habría sido perpetrado por miembros de un grupo de autodefensa radicado en Yurécuaro.
Al momento de arrestar a los presuntos criminales formaban un grupo de 19 personas, algunos portaban ropa que los identificaba como autodefensas y se les aseguró lo que un policía describió como “todo un arsenal”.
Eso es tan solo un adelanto de lo que podría pasar en los próximos meses, una vez que el desgaste psicológico de vivir en conflicto permanente y las rivalidades —tanto internas como con las autoridades legalmente constituidas— carcoman los lazos de solidaridad y el sentido de protección que inspiraron a estos grupos en su origen.
Estamos ante posiblemente miles de ciudadanos con armas propias del Ejército y la Fuerza Aérea, organizados y bien comunicados, así como conocedores del terreno. Cualquier autoridad que pretenda meterlos al marco jurídico tendrá una tarea difícil y altamente peligrosa.
Lamentablemente, la historia nos muestra que revertir los procesos de decadencia de este tipo es una tarea prácticamente imposible. Son tantos y tan oscuros los intereses que se entremezclan alrededor de tales grupos que sus liderazgos y sus estructuras son sumamente endebles, por lo que no pueden ser controlados ni por ellos mismos.
Allí está el claro ejemplo de La Familia Michoacana, quienes tuvieron en su origen la noble intención de proteger a su estado de Los Zetas, solo para verse al poco tiempo convertidos en uno de los peores cárteles de nuestra patria.
Esta debe ser una lección para el pueblo y el Estado mexicanos: por más legítima que sea una intención, no se la puede llevar a cabo rompiendo la ley. Mucho menos será sensato entregar a individuos o grupos de ciudadanos lo que únicamente debe pertenecer al Estado: la capacidad de efectuar violencia legítima.
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