La semana pasada en San Bartolo Ameyalco, en el DF, varios policías quedaron heridos, cinco de ellos de gravedad, al enfrentarse a una turba, impulsada con mentiras y dinero, por la mafia que controla las pipas en la región: no querían que se conectara el servicio de agua a 20 mil familias de la zona, se les acaba el negocio. Dijeron que lo que se buscaba era llevar agua a zonas residenciales a costa de los mantos acuíferos de los pobladores. Por si la mentira no fuera suficiente contrataron a vándalos de distintos grupos para hacer más contundente la exigencia.
Esta misma semana, un grupo de policías estatales del Estado de México llegaron al municipio de Atlautla protegiendo a unos funcionarios de Probosque que estaban investigando denuncias de tala clandestina. Se toparon con un grupo de talamontes. Cuando los estaban deteniendo, éstos pidieron ayuda: llegaron unas 50 personas que rodearon a los policías e intentaron desarmarlos. En la refriega se disparó un arma que hirió a uno de los agresores. Los policías fueron reducidos, llevados a la cabecera municipal, brutalmente golpeados y dos de ellos linchados.
Hay algunos procesados pero los verdaderos responsables, los jefes de las mafias de piperos y talamontes, no fueron tocados ni con el pétalo de una rosa. Sucedió hace años en Tláhuac, cuando tres policías federales fueron quemados y linchados (dos fallecieron), y ocurre en otros, muchos otros, lugares del País. Algunos han tratado de justificarlos con dichos sobre los usos y costumbres, otros con el argumento de la inseguridad, ahora aparece también (coincidentemente con los mismos que justifican todo tipo de violencia) con la creación de unas dizque autodefensas nacionales compuesta por sacerdotes, obispos, ex políticos, personajes ligados a la mafia de los casinos que se presentan a sí mismos como defensores de derechos humanos, algún ex militar, el consejero jurídico de López Obrador y un ex Gobernador del PAN, probablemente despistado.
Se trata de buscar ejercer la justicia por propia mano pero también de una manipulación política evidente. El Padre Solalinde me parece un personaje respetable, pero los demás son irrecuperables. El Obispo Raúl Vera, que está en Coahuila pero sigue atado a su experiencia chiapaneca. El que fuera general, Francisco Gallardo, es un simple oportunista que faltó a la más elemental lealtad y disciplina a las Fuerzas Armadas. De Talía Vázquez, que se convirtió en la anfitriona de José Manuel Mireles y Humberto Mora, ambos se quedaron en su casa en El Pedregal (a pesar de que la señora declara que su ingreso mensual es de apenas 25 mil pesos, aunque alcanzó para pagar una camioneta blindada para Mireles de 2 millones), mejor ni hablemos: ahí están los documentos que muestran su relación con los hermanos Rojas Cardona, con la industria de los casinos y con muchos hechos inconfesables: los documentos, cada día más y aportados por muchos lectores, los puede leer en www.mexicoconfidencial.com. Ernesto Ruffo, el primer gobernador panista del País, juega con su pasado y con su presente: su responsabilidad con la seguridad pasa por su papel como senador de la República. Jaime Cárdenas, el asesor jurídico de López Obrador, hace tiempo que dejó de ser un interlocutor y mucho menos el personaje que representó como consejero del IFE. Mireles y Mora se presentan como líderes de las autodefensas, pero resulta que hace mucho tiempo que dejaron de serlo, su representatividad se reduce a unos cuantos seguidores y resulta difícil que no puedan explicar por qué no apoyan a la Fuerza Rural que integraron la mayoría de las autodefensas reales si lo que quieren es preservar la ley y combatir a los delincuentes.
En realidad, no tendríamos por qué asombrarnos de que la gente, azuzada por criminales y grupos de presión, algunos ex delincuentes y algún despistado, termine haciendo justicia por propia mano. Nadie se debería sentir engañado cuando eso es propuesto por obispos, sacerdotes, ex delincuentes y ex gobernadores, ligados, conscientemente o no, con casineros.
La exoneración de Alejandra
El año pasado se hizo trascender en distintos medios que la ex vocera de Felipe Calderón, Alejandra Sota, estaba siendo investigada por supuestos malos manejos de recursos públicos. La Secretaría de la Función Pública, ante las denuncias en medios, inició una muy exhaustiva investigación de los ingresos de Sota. Se llevaron meses en indagaciones que incluyeron a casi todas las instancias posibles. Ayer se informó que no habían encontrado ninguna irregularidad, que no hubo malversación alguna, que los ingresos de Sota son equivalentes a sus egresos. Que fue, agreguemos nosotros, pura mala leche. Qué bueno por Alejandra, una mujer capaz y de la que debemos esperar aún mucho en el futuro.
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