viernes, 4 de julio de 2014

Daniel Sánchez Dórame - Salud reconoce negligencia en muerte de jornalero en Sonora

La Unidad de Asuntos Jurídicos reconoció que sí hubo negligencia médica en la muerte de Constantino Ortiz Rendón; el doctor Hugo Arellano Arias, fue destituido


José Jesús Bernardo Campillo García
Secretario de salud en Sonora
SONORA, 3 de julio.- La Unidad de Asuntos Jurídicos reconoció que sí hubo negligencia médica en la muerte de un jornalero agrícola al que le negaron atención médica en una clínica rural a cargo de la Secretaría de Salud en Sonora, por lo que el doctor Hugo Arellano Arias, fue destituido.

Éste era el responsable del Centro de Salud del poblado Morelos 'La Atravesada', perteneciente al municipio porteño de Empalme; donde el pasado miércoles 11 de junio, llegó un trabajador del campo identificado como Constantino Ortiz Rendón, nacido en Pochahuizco, Guerrero, a quien le negaron atención médica y después llamaron a la policía para que lo retirara de la clínica, falleciendo a bordo de la patrulla en camino a otro hospital.








Después de la tragedia el secretario de Salud, José Jesús Bernardo Campillo García, declaró que no existían pruebas para destituir al médico que negó el servicio al jornalero, a pesar que la propia Comisión de Arbitraje Médico (CAM) determinó que el Director del Centro de Salud cometió negligencia por no atender al paciente que murió a causa de un derrame cerebral.

En un comunicado de prensa, la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Sonora, informó que daba por terminada la relación laboral con el médico Hugo Arellanos, porque una investigación interna realizada por personal de Relaciones Laborales, probó que el doctor negó servicio de atención médica al jornalero.
Hubo desapego a los principios que rigen la práctica médica, así como a diversas disposiciones legales y reglamentarias; la destitución del médico se decidió una vez que se obtuvieron los resultados de la investigación, donde se señala que el médico no acató lo estipulado en la Constitución Política, en el sentido de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud", dicta el boletín oficial done advierte que la Procuraduría General de Justicia y la Contraloría estatal realizan sus propias investigaciones.
La suerte de éste jornalero guerrerense, recuerda el caso de José Sanchez Carrasco, trabajador del campo oriundo de Guachochi, Chihuahua, quien murió porque le negaron atención médica por no ser derechohabiente ni tener dinero para pagar el servicio, en un caso que involucra a funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Salud y que continúa impune.


Leído en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/03/968929



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