Preguntarnos por la naturaleza del régimen político del México de hoy pudiera parecer un asunto teórico pero no es así. Nos ayudaría, por ejemplo, a algo muy práctico: a interpretar el significado de las últimas reformas constitucionales.
Lucio Levi propuso entender por régimen político dos cosas: las instituciones que regulan la lucha y el ejercicio del poder y los valores que las animan (N. Bobbio y N. Matteucci, Diccionario de política, México, 1988, pp. 1409-1414). Así, para determinar cuál es realmente el régimen político en el que vivimos hay que estudiar el comportamiento de las instituciones y deducir de él sus verdaderos valores.
Por ejemplo, en principio nuestro Congreso es una institución representativa de los intereses del conjunto social, pues sus miembros, también en principio, son electos por un procedimiento democrático supervisado por una institución, en principio, neutral y especializada. Sin embargo, si esto fuera cierto, ¿cómo explicar que las encuestas digan que los congresistas, en particular los diputados, supuestamente los más cercanos al suelo social, son pésimamente evaluados por el público, al punto que más del 80% no les tiene confianza a ellos ni a los partidos que los postularon? Esa contradicción reaparece al constatar que el supervisor de las elecciones, el IFE hoy INE, logra reunir a casi el 70% de los que desconfían (IFE, "Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México", México: 2014, p. 128).
Si en esta línea de razonamiento se hiciera la vivisección minuciosa del comportamiento del conjunto institucional -a quién dice servir y a quién efectivamente sirve-, es posible que se llegara a la conclusión de que el régimen mexicano sólo es democrático en la forma, y que habría que definirlo con otro término acorde con su comportamiento real.
·¿QUÉ TENEMOS?
Otra forma de abordar el problema planteado puede ser el examen de las bases sociales del régimen. El porfirista funcionó relativamente bien durante tres decenios en la consecución de sus valores: orden y modernización económica. Su base de apoyo original fue el Ejército pero también incluyó a los pueblos, al México rural. Luego cambió su naturaleza, se apartó de los pueblos y privilegió su alianza con las oligarquías locales -terratenientes, comerciantes, mineros, etcétera-, con la reducida pero poderosa oligarquía nacional -grandes inversionistas extranjeros y nacionales: ferrocarrileros, mineros, banqueros, industriales, contratistas-, con el alto clero y con los gobiernos de las potencias con intereses en México, especialmente Estados Unidos e Inglaterra.
Para 1910 el régimen porfirista estaba muy lejos de sus bases sociales originales y por eso cayó tan rápido. El régimen revolucionario, cuando era nuevo, aprendió del error porfirista y ya no buscó restablecer la relación con los terratenientes ni con el clero; se deshizo pronto de los líderes agrarios radicales pero a las masas campesinas que movilizó no las desechó por entero. Los nuevos líderes, de clase media, usaron a la flamante Constitución de 1917 como la base de un "nuevo trato". Mediante la reforma agraria y una legislación laboral favorable a los sindicatos, poco a poco incorporaron a una parte de los campesinos y de los trabajadores urbanos a una red de organizaciones con la que formaron la base social masiva que le permitiría a un Presidente no reelegible y con un partido de Estado a su servicio -el PRI-, subordinar mediante cooptación y cierto grado de violencia a la gama pluriclasista de actores que caracterizaron al México autoritario del siglo XX. Ese arreglo permitió imponer los valores reales del régimen que fueron, de nuevo, estabilidad y modernización económica.
Al régimen postrevolucionario se le agotó su modelo político y económico a fines de los 1960 y los 1970 y se vio forzado a cambiar a partir de los 1980. En el proceso, el modelo original dejó de funcionar y fue sustituido por el neoliberal, que al final del siglo pareció prescindir del PRI y entrar en el proceso de construcción de un nuevo régimen democrático y neoliberal. Sin embargo, la decisión de desechar a las bases masivas y corporativizadas del pasado puso a los neoliberales en un dilema: si se respetaban cabalmente las reglas electorales democráticas, podría llegar al poder una izquierda que quizá intentaría recuperar para sí esas bases sociales masivas y dar al traste con el neoliberalismo. De ahí el esfuerzo de PRI y el PAN por cargar los dados electorales a partir de 1988 y marginar por sistema a una izquierda que tenía el potencial de revivir un pacto social que los amenazaba.
Hoy, los valores democráticos exaltados durante la transición de fin de siglo se mantienen en el discurso mas no en la práctica. Es por ello que el PRI pudo retornar al poder, pero un PRI ya asentado en una base de apoyo muy diferente a la original: una no masiva y sí muy, muy selectiva. Una base cada vez más oligárquica y con apoyos externos muy visibles, en suma, una no muy diferente a la que existía en 1910.
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Leído en http://www.am.com.mx/notareforma/56294
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