Hay demasiado ruido con la marcha apresurada del gobierno mexicano para mostrar a los mexicanos y al mundo que está en lo políticamente correcto al correr para atender la crisis de migración que afecta a México e impacta a Estados Unidos. Un plan para lidiar con la inmigración centroamericana que entra por Guatemala y termina en Arizona, California y Texas fue anunciada hace unos días, y este martes se nombró un comisionado para la Frontera Sur. El plan, que contiene un paquete de políticas públicas para atender a los inmigrantes, no deja ver que debajo de su epidermis está la construcción de un buffer State (zona neutral de amortiguamiento) en el sur del país, que responde a una vieja pretensión estadounidense de correr su frontera estratégica al Istmo de Tehuantepec.
No hay evidencias para argumentar que el gobierno mexicano reaccionó a presiones de Washington, o de estar creando ese buffer Statecoludido con la Administración Obama. Se puede alegar, en cambio, que en la visiblemente humanitaria iniciativa, hay rendición soberana y consecuencias de largo plazo. Para comprenderlo en su justa dimensión, hay que observar las dos formas de ver el plan anunciado el 7 de julio por el presidente Enrique Peña Nieto. La visión mexicana subraya el carácter solidario del programa, donde abre sus puertas a los centroamericanos para encontrar en territorio mexicano paz y seguridad, además de un santuario del que podrán gozar, sin necesidad de visa, durante 72 horas. El otro ángulo para observar el mismo anuncio es militar, policial y estratégico.
El plan contempla tres tramos de control. La primera línea se encuentra en la frontera, donde bajo el discurso de que los inmigrantes se sientan seguros, se renovarán y reforzarán los 12 puentes fronterizos, y en donde comenzará a construirse una base de datos biométrica para regular el flujo migratorio que podrá, a la vez, suministrar esa información electrónica e instantáneamente a cualquier órgano policial, militar o de inteligencia en Estados Unidos.
El segundo tramo de control se contempla en un cinturón a 30 y 100 kilómetros de la frontera con Guatemala, con puestos de vigilancia y retenes en Huixtla, Palenque, Playas de Catzajá y Trinitaria, en Chiapas, para evitar que crucen armas, drogas y, por supuesto, personas, bajo la responsabilidad de la Policía Federal y el Ejército. El tercero se establecerá en el Istmo de Tehuantepec, un cuello de 210 kilómetros entre el Golfo de México y el Pacífico, donde se establecerá una línea de contención con unidades militares y policiales móviles, que sellarán la parte más fácil de manejar, por la estrechez del territorio.
Al establecer el muro invisible en el Istmo, un sueño estadounidense se consuma después de haberse iniciado institucionalmente hace casi 13 años. En 2001, tras una reunión bilateral México-Estados Unidos encabezada por el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y el secretario de Estado, Colin Powell, se anunció que a cambio de que los trabajadores mexicanos en Estados Unidos tuvieran mejores facilidades, el gobierno de Vicente Fox se comprometía a incrementar los esfuerzos para capturas los inmigrantes que buscaran entrar a ese país.
En ese entonces se le llamó el “Plan del Sur”, que recreaba las condiciones policiales de la frontera norte con los mexicanos, en el sur con los extranjeros, en un quid pro quo que mostraba con toda claridad el realineamiento norteamericano que comenzó con la entrada en vigor del Tratado Norteamericano de Libre Comercio en 1994, que creó una especie de frontera territorial en el Hemisferio Norte continental bajo el control de Washington.
Lo que hizo el gobierno de Fox fue aumentar los niveles de la colaboración que había tenido el gobierno de Carlos Salinas, cuando permitió que sus agentes de Inmigración y Naturalización operaran en México en la investigación y seguimiento de las mafias que traficaban con personas. Durante gobierno foxista se planteó incluso establecer controles migratorios en el Istmo de Tehuantepec, por la facilidad para levantar muros virtuales que bloquearan el paso de los inmigrantes, pero el entonces secretario general de Gobierno de Chiapas, Emilio Zebadúa, opuso una fuerte resistencia a la idea, con el argumento que si se concretaba, se abría el riesgo que el sur del país quedara desconectado del resto de la nación. En el largo plazo, esa nueva frontera afectaría el libre tránsito de mexicanos, del comercio y alteraría el pacto federal, al convertir el sur en un territorio marginado de segunda categoría.
Aquél intento por construir un buffer State no cuajó, como ahora el plan Frontera Sur sí reescribe la frontera sur mexicana en concordancia con los viejos intereses estratégicos de Estados Unidos. Abre el Suchiate para integrar en una región acotada a Guatemala, y eventualmente a Honduras y El Salvador, donde se ficha en primera instancia a los centroamericanos, que es la primera frontera de Estados Unidos. Aprieta en Chiapas los controles policiales y militares, que es la segunda frontera, y finalmente cierra en el Istmo de Tehuantepec la tercera. Estados Unidos no hará nada, porque el trabajo sucio se lo harán los mexicanos. Como compensación, que nadie se excite, no se dará el mismo trato a los mexicanos que se aventuren más allá del Río Bravo, pero Washington aplaudirá como foca.
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