M A I T É A Z U E L A
Balas, mentiras y deslindes
Las tardías reacciones de los legisladores en Puebla sobre agresiones de la policía contra los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan nos permiten entender la forma en la que se articula la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo locales. La manifestación se realizó el 9 de julio en la carretera Atlixco y no fue hasta el jueves 17 que los legisladores panistas enviaron sendos desplegados en un par de diarios de circulación nacional para eximir de responsabilidad al Gobernador Rafael Moreno Valle.
Llama la atención que en el transcurso de esos días, teniendo a mano fotografías, testimonios y pruebas del uso de balas de goma y cartuchos de gas lacrimógeno lanzados directamente contra los manifestantes, los legisladores locales del Partido Acción Nacional hagan un pronunciamiento público asegurando que los manifestantes convocaron a la violencia y cometieron delitos en una importante vía de comunicación. Se atreven además a decir que fueron ellos quienes provocaron las lesiones que atentaron contra la vida del menor Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, pese a que la madre y la abuela del menor valientemente han declarado que se les condicionó la atención médica del Luis si no firmaban un falso testimonio que exculpaba a los policías.
Los cincuenta heridos muestran agresiones con armas que la Policía Municipal utilizó. El Secretario General de Gobierno en su postura oficial asegura que la fuerza pública únicamente estaba equipada con toletes, escudos y cascos y sólo usó gas lacrimógeno para dispersar a los agresores. Sin embargo su reporte no admite con honestidad el mal uso que le dieron a los cartuchos de gas lacrimógeno, ya que en lugar de lanzarlos al suelo para que dispararan gas y ahuyentaran a los manifestantes, sus policías los dispararon sobre cuerpos y cabezas de manifestantes y transeúntes sin seguir protocolo alguno. Les conviene la confusión de quienes no distinguimos con claridad una bala de goma de un cartucho de gas. Lo importante no es sólo con qué armas salgan a la calle los policías para contener a los manifestantes, sino también el uso que hagan de ellas y la responsabilidad que tienen si ponen en riesgo la vida de algún ciudadano.
La intervención de la policía y las instrucciones que recibieron por parte del equipo de seguridad del Gobernador al igual que las declaraciones de los legisladores son una evidencia clara del desamparo en el que se encuentran los ciudadanos poblanos. Sus derechos han sido vulnerados al extremo. A la ausencia de un Gobernador que asuma los errores cometidos por su policía se suma la complicidad de diputados que muestran que no sólo les tiene sin cuidado el hecho de que los poblanos no tengan garantías para manifestarse libremente, sino que les importa muy poco su salud e integridad.
Como en broma, periódicos locales de corte oficialista manejan la versión de que los policías reaccionaron a la violencia de los manifestantes que lanzaron "piedras de gran calibre". Desafortunadamente la Procuraduría General de la República, informó que no indagará como procedió la policía contra los manifestantes. Tras una conversación con Moreno Valle, Jesús Murillo Karam ha decidido que no es un asunto de su competencia. En efecto no es un asunto del fuero federal. La pregunta entonces es: ¿Quiénes serán responsables de la muerte del niño agredido por la policía? ¿La impunidad seguirá avalando el uso de armas y procedimientos letales contra ciudadanos que se manifiestan pacíficamente? ¿Los legisladores poblanos seguirán aceptando el uso de balas de goma, cartuchos de gas o de cualquier otro artefacto que pueda poner en riesgo la integridad de las personas?
De esta terrible experiencia, hubiéramos esperado verdades, argumentos y sobre todo soluciones propositivas que impulsaran protocolos de actuación policial profesionales con miras a fortalecer las relaciones de confianza entre autoridades y ciudadanos. Pero por lo visto, esa no es la prioridad de quienes nos gobiernan.
Leído en http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
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