Muy por el contrario: esta tragedia solo puede tener significado si provoca un cambio esencial y ya indispensable en el actuar de las diversas corporaciones que mantienen el orden público.
Es necesario pasar de la Ley Bala a la Ley Tehuatlie, sentando las bases para que las manifestaciones políticas sean contenidas con métodos policiales respetuosos de los derechos humanos.
Los dos meses de existencia de la Ley Bala, aprobada por el Congreso poblano el 19 de mayo de 2014, estuvieron marcados por la polémica.
Impulsada por el gobernador Rafael Moreno Valle en lo que sólo se puede ver como un intento de controlar protestas cívicas, acorde a su estilo de mantener artificialmente una imagen de paz social que le permitiera acceder a la presidencia, fue denunciada por numerosos defensores de los derechos humanos debido a que abría la puerta para el uso de armas de fuego contra manifestaciones políticas.
Que los señalamientos eran certeros se evidenció en la primera ocasión que este marco jurídico fue puesto a prueba, pues generó un ambiente pleno de ambigüedad que generó en la sociedad nacional la percepción de que el niño José Luis Tehuatlie podría haber sido asesinado por policías.
Queda claro que la Ley Bala significó un disparo en el pie que se dio solo Rafael Moreno Valle, pero a estas alturas lo que menos importa es la carrera política del exaspirante presidencial poblano.
Lo realmente vital para el Estado y la sociedad es hacer justicia y evitar que una vez más, como muchas otras, el derecho a manifestarse derive en excesos violentos.
Para ello, la clave está en elaborar una nueva ley, humana y de avanzada, centrada en lo más importante: capacitar a los policías en tareas antimotines, pues por más que se les dote de equipamiento o de herramientas jurídicas, si carecen del entrenamiento y la educación para hacer frente a estas manifestaciones con profesionalismo, tarde o temprano volveremos a padecer una tragedia.
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