Aunque el Instituto Nacional Electoral argumenta que el presupuesto autorizado a los nuevos partidos no significa un incremento al gasto partidista autorizado para este año y el dinero se tomará del mismo monto ya aprobado (los tres mil 800 millones de pesos), lo cierto es que igual es dinero público que irá a parar a actividades políticas (capacitación política, impresiones editoriales, franquicias postales y franquicias telegráficas) que difícilmente pueden representar un beneficio directo para la población, más allá de quienes integran las nuevas fuerzas políticas.
Porque 109 millones de pesos para la operación de tres partidos por cinco meses parece demasiado si se compara con los 117.5 millones que se le otorgaron este año a la UNAM para el mantenimiento de Institutos y Centros de Investigación, o con los 122 millones de pesos que se invertirán en dar mantenimiento a la infraestructura de la Ciudad Universitaria, para no hablar de los 80 millones de pesos que se destinarán a dotar con equipos de cómputo a las escuelas preparatorias y bachilleratos de la Universidad Nacional. ¿Será más importante el gasto en partidos políticos que en la educación universitaria?
Como ese, los ejemplos sobran si se consulta la página de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde se informa de los montos del gasto de inversión en distintas áreas del gobierno federal. Por ejemplo, mientras los tres nuevos partidos costarán 109 millones de pesos en cinco meses, para los servicios de educación inicial y comunitaria, la SEP invertirá todo el año 139 millones, apenas 30 millones más del gasto en partidos. O la Secretaría de Agricultura que destinará en 2014 sólo 75 millones de pesos para construir una presa de riego en Huetámo, Michoacán, y 32 millones para construir otra presa en Huanusco, Zacatecas. ¿Qué le traerá más beneficio a este país, la producción agrícola o la operación de nuevos partidos políticos?
Para el Programa de Mantenimiento Integral de la Red Federal de Carreteras, por ejemplo, la SCT invertirá todo este año 131 millones de pesos, mientras que el IMSS destinará 50 millones de pesos todo el 2014 al mantenimiento y rehabilitación de las Unidades Médicas Familiares en el país, eso significa la mitad de lo que costarán los nuevos partidos en sólo cinco meses.
El presupuesto asignado por el INE a las tres fuerzas políticas de reciente registro también duplica los 50.3 millones de pesos que el Instituto Politécnico Nacional invertirá en su programa de Fortalecimiento a la Investigación, y es también el doble de lo que el CINVESTAV (Centro de Investigaciones Avanzadas del mismo IPN) invertirá en adquirir equipos de tecnología para equipar sus aulas y laboratorios en el presente año, que son 57 millones de pesos.
Lo mismo que costarán al erario público los tres nuevos partidos en cinco meses, 109 millones de pesos, es lo que invertirá la PGR este año para adquirir equipos y tecnología para el Análisis Forense y de Evidencia Digital en la investigación de delitos, y es casi el mismo presupuesto de 112 millones que invertirá la Secretaría de la Defensa en la construcción de dos Unidades Hospitalarias Militares, una en Mérida, Yucatán y la otra en Nogales, Sonora. La única diferencia es que en los casos de PGR y Sedena esos recursos van destinados a la seguridad de los mexicanos y a los servicios de salud de las fuerzas armadas, mientras que en el caso de los partidos se destinarán a actividades tan abstractas como las “franquicias postales y telegráficas” o la “capacitación política”.
Y vuelve la misma pregunta: ¿se justifica que se asignen presupuestos millonarios a los partidos políticos, sean los nuevos o los viejos? ¿Es la democracia que necesitamos un tema de cantidad de dinero o de calidad democrática?
NOTAS INDISCRETAS…Información de lectores de esta columna precisa que la denuncia e inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos que se impuso a Hugo Erick Flores, el dirigente del nuevo partido Encuentro Social no fue por el manejo de los recursos del programa Proarbol, que realizó como Oficial Mayor de la Semarnat en el sexenio pasado, sino por haber despedido a varios funcionarios de la dependencia que formaban parte del Servicio Profesional de Carrera. Hugo Erick apeló la sanción de Función Pública en su contra y logró ganar varios años después en tribunales, aunque el tema le costó su amistad.
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