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I. Operar tareas de inteligencia como parte del sistema de seguridad nacional que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, a dar sustento a la gobernabilidad y a fortalecer el estado de derecho.
II. Procesar la información que generen sus operaciones, determinar su tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones correspondientes, con el propósito de salvaguardar la seguridad del país;
III. Preparar estudios de carácter político, económico, social y demás que se relacionen con sus atribuciones, así como aquellos que sean necesarios para alertar sobre los riesgos y amenazas a la seguridad nacional.
V. Proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el estado de derecho.
Si observamos lo que sucede con preocupante regularidad en nuestro país, es obvio que el Cisen no está cumpliendo cabalmente con las tareas que la Ley de Seguridad Nacional le señala en su artículo 19.
Si no, ¿de qué otra manera puede explicarse que tantos funcionarios estén involucrados con la delincuencia organizada o se presuma que lo están?
Si el Cisen hiciera su tarea eficazmente es más que probable que no estaríamos viendo como con un número cada vez mayor de funcionarios y exfuncionarios y empresarios que son acusados de pertenecer o estar vinculados con algún cártel de narcotraficantes u otra organización criminal. Como van las cosas, no nos sorprendamos cuando se relacione con el hampa a algún gobernador en funciones o un empresario importante; alguno de aquellos que se mencionan en los corrillos políticos y empresariales.
Ayer se difundió en diversos medios de comunicación la siguiente nota: “Un informe interno del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) vincula con la delincuencia organizada al alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca. Señala que el edil forjó vínculos, a través de sus cuñados y su suegra, con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y se detectaron actividades de lavado de dinero y prestanombres, con lo que se pudo adquirir empresas e inmuebles sobre todo en Iguala, Taxco y otros municipios del norte de Guerrero. El reporte sostiene que con recursos también del cártel se erigió la Plaza Galerías Tamarindos”.
Suponiendo que el contenido de la nota periodística sea real y verdadera, me pregunto por qué el Cisen no denunció desde hace tiempo al hoy prófugo presidente municipal perredista con licencia. Si ya tenía los elementos para denunciarlo ante el ministerio público federal, ¿por qué no lo hizo? De haber actuado cuando tenía que hacerlo, es probable que la policía municipal de Iguala no hubiera asesinado a seis personas y secuestrado y probablemente matado a casi una veintena de estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
¿Para qué sirve el Cisen si tiene en sus manos información que puede prevenir más delitos y muertos y no actúa?
Si tenía información sobre los vínculos de Abarca con la delincuencia es probable que también la tuviera sobre varios presidentes municipales michoacanos que se han reunido con el jefe de los Caballeros Templarios y quién sabe de cuántos funcionarios y empresarios relacionados con grupos criminales.
¿Para qué sirve el Cisen?
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