El eufemismo “desaparición” en toda su crueldad: fueron asesinados, ejecutados, incinerados y descuartizados. Sus huesos quebrados fueron arrojados a un río. México y el mundo lo sabían antes de escuchar la versión oficial. La frase del Procurador General es elocuente, concluyente: la ley se cansó. Si “fue el Estado”, como clama la consigna que aglutinó y movilizo a la sociedad desde septiembre, es porque al mismo tiempo “no hay Estado”. Está cansado.
Las palabras escogidas y el lenguaje corporal del Procurador revelan la inexistencia de ese Estado, paradójicamente reconocido por el mismísimo Estado. Retratan la irrealidad en la que vive el Gobierno mexicano. El Estado se diluye, desaparece—y no es eufemismo—si la cadena de la responsabilidad legal y política se quiebra antes de llegar a la cima de esa pirámide imaginaria que denominamos estructura de poder. Eso pretende hacer el Gobierno, desarmar la cadena sin pagar el precio político de hacerlo.
La cadena de la responsabilidad, sin embargo, siempre termina en el Gobierno federal. Lo que ocurre en Iguala es responsabilidad de Los Pinos. La pérdida de esa noción cognitiva, tan fundamental para la construcción de un orden político, también es evidencia de la disolución de ese Estado. El Procurador trazó una línea, una estrategia política con la que construye una barricada conceptual. Detrás de la misma se abroquela el Gobierno federal, argumentando la no competencia. El Gobierno federal solo intervino cuando se determinó el involucramiento del crimen organizado, dijo el Procurador. Fue más lejos que eso: “Iguala no es el Estado mexicano”, afirmó de manera tajante.
Iguala es solo un ejemplo, en México y en tantos otros países de la región, de esa ilegalidad que corroe, erosiona y finalmente se apropia de porciones importantes del Estado. El Procurador mismo reconoció la existencia de colusión entre el Gobierno y la policía municipal con el cartel Guerreros Unidos. Los estudiantes habrían sido entregados por la policía municipal a los narcotraficantes. No aclaró, sin embargo, que tan alto y que tan ancho llega la penetración de los Guerreros Unidos en la estructura del Estado de Guerrero. En otras palabras, no queda claro cuál es la completa cadena de mando de la ilegalidad en ese territorio. ¿Ordenes de quién obedecían los tres supuestos asesinos confesos?
Pero Iguala también es un ejemplo de la estrategia de varios Gobiernos nacionales en una región capturada por el crimen organizado: desentenderse de la responsabilidad legal y política que les pertenece. Se trata, en definitiva, de una abdicación de su obligación de proteger a sus ciudadanos. El Procurador también usó una sugestiva metáfora para justificar ese desentendimiento. Haciendo referencia a que no tenía competencia para intervenir, afirmó que el Gobierno mexicano habría “invadido ese territorio”, ilustrando las comillas con sus dedos en forma de gancho. Desde la propia Procuraduría, nada menos, se institucionaliza la fragmentación territorial, de ahí la “invasión”.
El Gobierno mexicano sigue en su propia burbuja. Utiliza la evasión como mecanismo de defensa, psicológico y político. El presidente, Enrique Peña Nieto, viaja a China, en lugar de ir a Iguala. Por medio del aislamiento y de aparentar normalidad intenta neutralizar la crisis política que las masivas y constantes violaciones de derechos sufridas por la sociedad mexicana necesariamente conllevan. Al hacerlo también se distancia de esa sociedad, como si la redujera a ser una simple portadora de malas noticias, y se defiende por medio de la negación como mecanismo de defensa, también psicológico y político. Por eso es que cuando la sociedad le dice al poder “fue el Estado”, el poder le responde “Iguala no es el Estado mexicano”.
Y por supuesto el Gobierno deja sin respuesta a millones de mexicanos que también se cansaron, pero de no tener derechos ni protección por parte de aquellos cuya obligación primordial es protegerlos. El Gobierno mexicano ha perdido de vista que un Estado no puede darse el lujo de cansarse.
Twitter @hectorschamis
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/08/actualidad/1415413389_224616.html
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