Hay que retroceder cuatro años. El presidente Felipe Calderón le tiene declarada la guerra a los carteles de la droga. La Policía Federal y el Ejército combaten de frente a los criminales. Se cuentan más de 22.000 muertos. Entre ellos un buen número de sicarios que se enfrentan a otros rivales por el control del territorio pero también muchas víctimas inocentes. La situación se descontrola. La violencia se extiende por casi todo el país. En Ciudad Juárez 15 muchachos son ametrallados sin motivo alguno mientras celebraban una fiesta. El repudio nacional es unánime.
Los casos en los que aparecen involucradas las corporaciones policiacas se multiplican. Los agentes locales en regiones en conflicto sirven más al hampa que al ciudadano. Más que parte de la solución, son un problema. El gabinete de Calderón considera que hay que empezar de cero a reconstruirlas. Tiene por delante limpiar 2.500 cuerpos, tantos como municipios mexicanos hay. No hay tiempo. Llevaría años, décadas, la purga de agentes corruptos y la formación de los ineptos. La solución, cree el Gobierno, pasa por reforzar las 32 policías estatales existentes y que estas funjan como mando único. Los municipios deberían entregar sus policías a los gobernadores.
Los gobernadores de los Estados están de acuerdo en el fondo pero algunos discrepan de la forma. Otros directamente rechazan la idea. Calderón firma una iniciativa de reforma constitucional para formar estas 32 super-policías que nunca llegará a prosperar. Encuentra muchas resistencias en el camino. Los alcaldes no quieren destinar una parte importante de su presupuesto a una institución que estará controlada por otros. Hay más motivos para su reticencia, pero estos dos sirven para hacerse una idea: los alcaldes corruptos quieren seguir teniendo su guardia pretoriana y, los que no lo son, no quieren quedar desprotegidos en entornos violentos.
Guillermo Valdés era en esa época director del Cisen, el servicio de inteligencia mexicano. Participó directamente en el proyecto de higienizar la policía desde la raíz. "La iniciativa se quedó estancada en el Congreso. Como no hay cauce legal, los acuerdos son muy frágiles. El alcalde de Iguala no quiso participar en el mando único y no hubo forma de obligarlo. El mando único voluntario no es eficaz, a mi modo de ver. O haces una reforma o tienes un esquema en el que pueden ocurrir salvajadas como las de Iguala", explica Valdés.
Enrique Peña Nieto sucedió a Calderón en diciembre de 2012. El presidente enterró el discurso de la guerra contra el narco para adoptar el de las reformas estructurales del Gobierno. Su idea era la de dejar de proyectar México como un país violento para pasar a venderse como una nación moderna —el discurso brasileño— que iba a estar pronto entre las primeras potencias del mundo. En cuanto a seguridad, siguió la senda del mando único iniciada por Calderón pero con matices. En vez de enfrascarse en una reforma legal que le llevaría tiempo y un costo político incierto, acordó con los gobernadores seguir este esquema. Por la vía diplomática, el Gobierno federal convencería a los gobernadores y estos a su vez a los alcaldes. Habría reuniones mensuales entre corporaciones. En febrero de 2013, Peña Nieto acuerda con la Confederación Nacional de Gobernadores conformar un mando único policial pero el proyecto no llega a tomar forma del todo.
"Es un problema político", concluye el experto en seguridad César Guerrero, "ya que los políticos no han sabido armar un mando único". Guerrero cree que Peña Nieto fue más pragmático que Calderón a la hora de abordar el problema de las corporaciones locales aunque no llegara a cuajar el modelo. "No los puedes obligar a darte la policía. Actualmente a través de convenios ceden esas facultades diciendo que están rebasados por los grupos criminales y pasan sus hombres a los gobiernos estatales. Allí cobran más y están mejor preparados. El mando único es necesario en lugares como Guerrero, Morelos, Veracruz. Sitios donde la policía municipal está rota".
El mando único no es la panacea, aunque las estadísticas de criminalidad, allá donde se ha aplicado, refieran que mejora la seguridad. En el Estado de Morelos, desde el 25 de enero de este año, el gobernador Graco Ramírez pidió a todos los alcaldes de su región que las policías municipales se pusieran bajo las órdenes de una sola persona, Jesús Alberto Capella, un abogado y activista que fue jefe de policía en Tijuana con notables resultados. Algunos ediles se opusieron apelando a la legalidad y sus derechos, pero el gobernador ha insistido en que le interesa más la seguridad de los ciudadanos. El mando único de Capella ha recibido cincuenta quejas de vejaciones y abusos de autoridad ante la comisión de derechos humanos
Hay un caso que retrata mejor que ningún otro dos maneras de proceder. Amacuzac es un municipio morelense vecino de Iguala que tenía 54 policías. Su alcalde se resistió al principio, no quería perder el control de la corporación pero Capella desarmó a los 54 y los puso a su disposición. Tras los exámenes de confianza, resultó que la mitad de ellos trabajaba para el crimen organizado. "Policías vestidos de sicarios", dice uno de los mandos que participó en esa operación.
En Iguala, Guerrero, nadie presionó al alcalde José Luis Abarca, detenido como ideólogo de los crímenes, para que cediera el control de lo que en realidad era un ejército al servicio de intereses criminales. Narcos en uniforme. En la avenida donde fueron secuestrados los 43 estudiantes sigue habiendo un taller donde llegan coches averiados, un supermercado ajetreado de 9 a 9 y la vida común y corriente de la gente que vive a un lado de la carretera. Desde ese día, 43 cruces también forman parte del paisaje.
Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/06/actualidad/1415296474_482092.html
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