sábado, 8 de noviembre de 2014

Beatriz Pagés - Pacto contra la violencia: obligación de todos

A raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los presidentes del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X. González, y del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, hicieron un llamado urgente a crear un pacto para combatir el binomio corrupción-inseguridad.

A raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los presidentes del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X. González, y del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, hicieron un llamado urgente a crear un pacto para combatir el binomio corrupción-inseguridad.

Esta idea fue posteriormente secundada por el presidente de la república y las tres principales fuerzas políticas del país: PRI, PAN y PRD.









El tema está ahí, esperando, tal vez, que la crisis de Iguala permita hacer la convocatoria a todos los actores sociales.
La experiencia dice que los pactos tienen resultados sólo cuando incluyen toma de decisiones muy específicas, además de sanciones a quienes no cumplan con lo pactado. Así lo muestran los tratados y acuerdos que fueron capaces, por su trascendencia, de cambiar el destino de la humanidad.
¿Quiénes deben formar parte de un pacto contra la violencia y la corrupción? Sin duda los tres niveles de gobierno, los partidos y lo que hoy se conoce como poderes fácticos: los más importantes grupos económicos, medios de comunicación e Iglesias.
Todo lo demás —la ciudadanía en general— modificará su comportamiento en función de lo que se haga en y desde el poder.
Quiero imaginarme un pacto donde cada partido político, cada secretario de Estado, cada gobernador, alcalde, procurador, ministro de la corte, juez, policía, empresario, periodista y maestro de escuela diga a qué se compromete, él en lo personal, para combatir la ilegalidad y la violencia.
Quiero imaginarme un pacto que dé una vuelta de tuerca a la reforma fiscal y a la política distributiva para combatir la desigualdad, generar más empleos, mejores salarios y mayor inversión.
Quiero imaginarme un pacto donde el municipio se convierta en el centro del desarrollo económico, político y social para impedir que el caso Iguala se reproduzca en otras partes del país.
Quiero imaginarme un pacto en el que, por ejemplo, las televisoras y quienes ahí se anuncian tomen la decisión de sustituir contenidos de alto rating, casi siempre violentos y pedestres, por mensajes dirigidos a inculcar la cultura de la legalidad.
Así como hoy se exige al fabricante incluir en cada producto la leyenda: “El consumo excesivo puede ser nocivo para la salud”, así cada mexicano, desde el más humilde hasta el más acaudalado, debería instalar a la entrada de su negocio, de su casa o en lo que fabrica, una frase que lo comprometa a tener una conducta apegada a la legalidad.
Después de Ayotzinapa nada será igual en México, especialmente la tolerancia de la sociedad hacia la impunidad. A partir de hoy el ciudadano estará más vigilante y será más exigente con respecto al comportamiento de sus gobernantes.
De tal forma que la aprehensión del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa, presuntos responsables de la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas, impone, en un contexto de profundo encono social, un gran reto para el sistema de justicia mexicano.
¿Por qué? Porque independientemente del curso que tomen las investigaciones, los padres de los 43 desparecidos y los mexicanos en general ya emitieron un veredicto que, tal vez, no llegue a coincidir con la del ministerio público.
Un caso tan grave en materia de violación de derechos humanos como éste amerita, quizá, la conformación de un proceso similar al Juicio de Nuremberg para que los herederos de las víctimas participen como testigos e investigadores.
Desaparecer por la vía forzada a 43 jóvenes, más que un homicidio, es un crimen de lesa humanidad y como tal tendrá que ser sancionado.
Recuperar, entonces, la confianza en las instituciones de justicia se impone hoy como una prioridad y la conformación de una fiscalía ciudadana tal vez pueda convertirse en una solución para que los involucrados y la sociedad misma queden satisfechos con los resultados.




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