La radicalización de López Obrador después de la elección de 2006, primero
amenazando que Calderón no tomaría posesión y luego que no gobernaría,
sólo fortaleció al PRI. Los panistas tuvieron que acercarse al tricolor
para que el Presidente pudiera tomar posesión y gobernar. El primero de
diciembre de 2006, los priistas se presentaron al Congreso, asegurando
el quórum y permitiendo la investidura de Calderón; luego dieron sus
votos en el Congreso para evitar la parálisis gubernamental. Desde luego
que esto no fue gratis. A cambio, el PRI obtuvo concesiones importantes
del gobierno panista: impunidad para ciertos personajes y más
presupuestos para los estados, por ejemplo. ¿Qué ganó entonces la
izquierda con su radicalización? Nada. Las ganancias se las llevó el
PRI.
Esta historia podría repetirse ahora que un grupo de
abogados, identificados con López Obrador, presentaron una demanda ante
la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Presidente y su gabinete de
seguridad por la "comisión de diversos delitos de lesa humanidad" en la
guerra contra el crimen organizado. Se trata de una denuncia más
política que jurídica. Según abogados que saben de derecho
internacional, la demanda no prosperará. Primero porque no se han
agotado los procedimientos legales ordinarios en México, que son un
precedente para que una corte internacional tome un asunto. Pero, más
importante aún, la CPI no es el tribunal adecuado para una demanda de
este tipo. De esta forma, los expertos predicen que la demanda se
desechará.
No obstante la debilidad legal de la denuncia, el
gobierno de Calderón reaccionó desproporcionadamente. La Presidencia
publicó un desplegado y la vocera Alejandra Sota anunció que estaban
explorando la manera de proceder jurídicamente contra los demandantes.
De manera innecesaria le subieron el perfil a un asunto que no merecía
tanta atención. Bien lo dijo el ombudsman capitalino, Luis González
Placencia:
"La posibilidad de recurrir a una instancia
internacional es un derecho de todas y de todos. Esa instancia
internacional es la que debe decidir si procede o no procede la demanda.
Y punto. Lo contrario equivaldría a que una persona que va a denunciar
un delito, pues tenga que ser amenazada o sancionada por haber ido a
denunciar, lo cual es su derecho. Si el delito se cometió o no, lo
determina una autoridad. En este caso, lo que en mi opinión debió haber
ocurrido es que el gobierno federal debió plantear los criterios de su
defensa jurídica ante la instancia correspondiente, en el caso de haber
sido admitida la demanda. De lo contrario, el mensaje que se envía no es
muy afortunado; es un poco como de censura social. Hay que tener en
cuenta que lo está haciendo el Estado frente a un grupo de ciudadanos.
Sí, la estrategia no es la adecuada."
Efectivamente: la respuesta
gubernamental fue desafortunada. Sólo inyectó más combustible a los
demandantes, quienes ya se envolvieron en el manto de la victimización.
Además, he aquí que estamos hablando de este tema cuando no deberíamos
estar haciéndolo por los pocos méritos jurídicos de la denuncia.
Pero
la reacción gubernamental demuestra la preocupación que existe en la
Presidencia. El sexenio se está terminando y ya comienzan a sentirse
pasos en la azotea. En Los Pinos saben que hay grupos de izquierda que
no los perdonan por haber ganado en 2006 y que, cuando dejen el poder,
les cobrarán la factura.
A escena entra, entonces, el PRI. A
diferencia de López Obrador, que apoya la demanda y defiende a los
denunciantes ("los ciudadanos son libres para expresarse, manifestarse y
acudir a cualquier tribunal"), Peña Nieto rechaza la demanda, la
considera sin sustento y defiende al gobierno: "A pesar de que milito en
el PRI debo reconocer, no obstante, la tarea que tiene el Estado y el
jefe del Ejecutivo para emprender una lucha contra el crimen organizado y
la inseguridad, le corresponda a él o a quien quiera que esté en esta
tarea y en esta responsabilidad".
Se trata de un mensaje
interesante. Primero porque Peña reconoce que, en caso de ganar, haría
lo mismo que Calderón en materia de combate a la delincuencia. Pero
también explícitamente anuncia que, a diferencia de la izquierda, no
perseguiría jurídicamente al actual Presidente por este tema. En otras
palabras: está enviando un guiño a Los Pinos. Está diciendo: "mira,
Calderón, en caso que la elección se polarice entre el PRI y la
izquierda, te conviene apoyarnos a nosotros, tu odiado adversario
histórico, pero que te promete un futuro seguro, que a los radicales que
ya te están demandando desde ahora y que no van a parar hasta cobrarte
la factura de 2006".
Y efectivamente: de ser así, de polarizarse
la elección entre Peña y AMLO, a Calderón le convendría más la victoria
del primero que del segundo. Lo increíble es que la izquierda no haya
entendido que acciones radicales no les reditúan nada a ellos; que sólo
orillan al PAN a acercarse al PRI y fortalecerlo. Mientras unos siembran
amenazas, otros recogen los frutos.
Lo mismo en http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=791512
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