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| Jesús Zambrano Grijalva |
Uno de los principales mitos del modelo económico prevaleciente en México desde hace décadas es lograr la llamada “flexibilización” del trabajo, comúnmente conocida como la reforma laboral. Los apóstoles de este cambio afirman que tal reforma sería un detonante para el desarrollo de México. Nada más falso, ya que la mano de obra mexicana está altamente calificada en los estándares internacionales en varias ramas de la economía.
En realidad, los inversionistas no vienen a México por la inseguridad, producto de la fallida estrategia en contra de la delincuencia organizada del actual gobierno, por la opacidad de las finanzas públicas y por la corrupción prevaleciente en amplias zonas de la administración pública federal. Existen varios estudios en los que se señala que la corrupción cuesta anualmente a las empresas alrededor del 10% de sus utilidades.
También debe preguntarse qué tipo de inversionistas pretende atraerse o desarrollarse en territorio nacional. Las empresas que ponen como condición para invertir en un país la restricción a derechos laborales; es decir, que fincan sus ganancias en la explotación del trabajador, también son aquellas que favorecen actos de corrupción, deterioran el medio ambiente y buscan favores del gobierno en turno. Se trata de una visión económica anclada en el pasado.
En México se requiere empresarios e inversionistas comprometidos con la innovación, el cuidado del medio ambiente, la protección de los recursos naturales y el bienestar de la población.
El pasado 1 de septiembre, como cerrojazo de una administración errática, el titular del Poder Ejecutivo hizo uso, con todos los rasgos de inconstitucionalidad del caso, de la iniciativa preferente y envió al Congreso de la Unión dos iniciativas. Al Senado la reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental, y a la Cámara de Diputados, la reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Los senadores rebasaron la propuesta del Ejecutivo y analizarán esta reforma desde la perspectiva de la transparencia que además de la contabilidad gubernamental incluye la segunda generación de reformas al acceso a la información y la revisión de las responsabilidades de los funcionarios públicos.
En el caso de la Cámara de Diputados, la propuesta del grupo parlamentario del PRD, apoyado por las principales organizaciones obreras independientes del país, ha sido clara: rechazan la reforma laboral propuesta por el gobierno de Felipe Calderón porque vulnera derechos esenciales de las y los trabajadores mexicanos y su objetivo es beneficiar unilateralmente al patrón por medio del abaratamiento de la contratación y facilitando el despido. Además, no abona nada esencial a la democratización de los sindicatos y al manejo transparente de los cuantiosos recursos que manejan los líderes corruptos, como tampoco se dice nada sobre el registro público de los sindicatos ni sobre las juntas de conciliación y arbitraje, que son nidos de bandidos y fuentes de corrupción.
El PRD está en favor de una reforma laboral construida con los sectores económicos que intervienen en el proceso productivo. Trabajadores y patrones. Una reforma pensada para el futuro, que considere el desarrollo nacional, la variedad geográfica de nuestro país, la utilización de nuevas fuentes de energía, las potencialidades regionales y la utilización de las nuevas tecnologías.
En estos días en que la Cámara de Diputados analiza el dictamen sobre la mencionada iniciativa, las y los diputados del PRD explicarán con mayor amplitud a la sociedad en las tribunas y en las calles las razones de nuestro rechazo.
Nos solidarizamos y apoyamos dentro y fuera de San Lázaro la lucha de los trabajadores y de sus organizaciones. Actuaremos en consecuencia con firmeza y responsabilidad.
Debe quedar muy claro que en el PRD estamos a favor de una reforma laboral que desmonte las estructuras del corrupto caciquismo sindical, cuyas expresiones más grotescas se dan en Pemex y en el SNTE. Una reforma laboral que acabe con la corrupción y la simulación de los contratos de protección, propiedad de las mafias sindicales, y que establezca tribunales laborales con actuación transparente.
Una reforma laboral que propicie el incremento de la productividad y de las ganancias, así como el crecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores para lograr un relanzamiento de la economía y una mayor movilidad social.
La reforma propuesta no ayuda a estos propósitos. Los resortes del crecimiento económico están en otro lado, no en el atropello de derechos sociales ni en la precarización del trabajo.
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