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| Manuel Bartlett |
Con una Reforma Política descafeinada y tardía —agosto 9, 2011— pactada por Calderón y Beltrones, introdujeron las llamadas iniciativas preferentes, propuesta original de Calderón, al siguiente tenor: “El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, el presidente podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, que deberán ser discutidas y votadas, en un máximo de 30 días naturales…”.
Aprovechando sus últimos días, Calderón envió dos iniciativas como preferentes: al Senado, reformas a la Ley de Contabilidad Gubernamental y a Diputados, reformas a la Ley Federal del Trabajo. La primera, presentada como ley de transparencia y la segunda, una de las reformas estructurales que exigen insistentemente los intereses patronales, nacionales y extranjeros, para profundizar la política neoliberal en contra de los derechos de los trabajadores.
La reforma laboral es obsequio póstumo de Calderón a Peña Nieto, evidenciando la coincidencia con el propio futuro presidente, que se ahorra el descrédito de esa iniciativa antiobrera. La asociación ideológica demostrada, en sólo unos días, entre panistas y priístas, da una mayoría automática, aunque los votantes de ambos partidos hayan creído que estaban sufragando por partidos diferentes. Tenemos nuevamente, una derecha bicéfala. El favor con el tratamiento preferente, permitiría aprobar, en sólo 30 días naturales, temas trascendentes, lo que impide el debate profundo, sobre todo si ya se tienen los dictámenes listos, como se deja ver. Los medios afines al poder, se ocuparán de diluir los efectos antisociales y antieconómicos del golpe a la clase trabajadora, aunque esos efectos no los podrán paliar, tendrán un elevado costo por encima de la manipulación mediática.
Otro aspecto a comentar es que la iniciativa laboral contiene medidas para asegurar la democracia sindical y la vigilancia de los recursos de las cuotas de sus agremiados. Calderón montó la defensa de su iniciativa en este “empeño” democratizador, aun en EU. Muy pronto se reveló que era un disfraz, porque los legisladores y sus dirigentes, advirtieron que votarían la iniciativa si se le quitaba esa “intromisión” en sus intereses sindicales. Es decir, votarían a favor del contenido real buscado, atentatorio contra millones de trabajadores, si se respetaban sus privilegios. Diputados y senadores del PAN amenazaron no votar la iniciativa, si se le quitan las medidas democratizadoras, reconoceremos a esos independientes.
Finalmente, todo este proceso de “preferentes” arregladas, que definen el trabajo legislativo en los estertores del régimen, es inconstitucional.
El 17 de noviembre del año pasado presenté un punto de acuerdo, en nombre de mi bancada, que planteó al pleno la inviabilidad del Congreso de procesar las iniciativas, sencillamente porque la reforma constitucional en cuestión, en su artículo segundo transitorio, ordena que: “El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto”. Y el Congreso no ha legislado al respecto, por lo que no puede hacer cumplir el procesamiento de las iniciativas preferentes.
Los artículos transitorios son parte de la Constitución, normas que el Congreso no puede ignorar ni aplicar sólo una parte.
Subrayamos que el Congreso debe ajustarse a los mandamientos que regulan sus funciones, de lo que depende la validez y obligación de las leyes y decretos que emita. Se pidió la suspensión del trámite preferente, pero el pleno no aceptó discutir el tema. Se remitió a la Junta de Coordinación Política, que no ha resuelto, pese a que se le presentó una excitativa, continúa el proceso irregular. Si se empeñan en imponer estas iniciativas preferentes, generarán una lluvia de amparos para que la justicia de la unión ampare y proteja a los obreros minimizados y empobrecidos.
Manuel Bartlett
mbartlettdiaz@hotmail.com
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