Fue también su última oportunidad por ganar atención internacional y mostrarse como un mandatario valiente.
En busca de este objetivo, Felipe Calderón Hinojosa dirigió un discurso en la 67 Sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que fue prácticamente un informe de gobierno resaltando los logros de su administración, salvo cuando se refirió a la lucha contra las drogas.
Ese tema –su tema– le ocupó gran parte del mensaje. Sin embargo, el primer mandatario desaprovechó la oportunidad de generar consensos.
Luego de prácticamente seis años de gobierno y como no lo hizo antes en esa Asamblea General, Calderón Hinojosa se puso serio, levantó la voz y manoteó –como ya lo hemos visto hacer aquí en otras ocasiones– para reclamar a la ONU, a Estados Unidos y a las naciones desarrolladas su “inacción” en el combate contra las drogas.
Pero el Presidente, al que le quedan ya poco más de dos meses para terminar su administración, olvidó que diversos organismos dependientes de la ONU son los mismos que han criticado la “fallida” operación de su guerra contra las drogas y han denunciado que la escalada de violencia generada por ésta ha traído consigo miles de muertos y desaparecidos –incontables aún–, huérfanos, viudas, desplazados, violaciones contra los derechos humanos, abusos de autoridad de instituciones respetadas como el Ejército y la Marina, y un grave deterioro social en el país, entre otros males.
Aun así propuso, “formalmente”, que la Organización de las Naciones Unidas se comprometa en el tema, “que haga una valoración profunda de los alcances y de los límites del actual enfoque prohibicionista en materia de drogas”.
Esto último fue considerado también como una petición para explorar otras formas de atacar el problema, opción que el Presidente no había planteado antes, que no se planteó al detonar la guerra contra el narco en diciembre de 2006 y que busca, de acuerdo con la lectura de expertos, atenuar las críticas con que cerrará su sexenio el próximo 30 de noviembre.
Pero, como en el beisbol, esto no se acaba hasta que se acaba.
Ayer, la última cachetada de Calderón dio en el blanco: la reforma laboral, en la que tanto se empeñó y que envió a toda prisa –apenas el 1 de septiembre pasado y luego de las elecciones federales de julio pasado, claro–está ya amarrada en el Congreso de la Unión.
Es su último gran manotazo, pues sin pedir el consenso de los trabajadores, gracias a operadores como Javier Lozano Alarcón, su escudero favorito en los temas peliagudos, y a un bancada panista entregada aún a los designios calderonistas, los derechos laborales en México sufrirán un retroceso que, como no lo han hecho sus otras reformas, no coadyuvará al crecimiento económico del país.
También de visita en Nueva York, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, se refirió al tema y advirtió que esa reforma –impulsada por el PAN y por el PRI– agudizará la desigualdad en el país.
Esos partidos, argumentó, “ofrecen al país crecimiento económico a cambio de que los trabajadores en general tengan derechos menores, o sea que sea más fácil correrlos, que tengas (empleados) eventuales y que puedas sustituirlos”.
En aras de una “supuesta eficiente” economía, se reducen derechos muy importantes para el trabajador, que es lo que ha ocurrido en todos los países en que se ha implementado, en donde la consecuencia ha sido el aumento de la desigualdad, afirmó el titular del GDF.
Calderón lanzó una cachetada a los trabajadores y, no como en la ONU, ésta sí estuvo bien dada. Ahí queda como otra herencia de un gobierno que, a manotazos, trató de legitimarse y cuyos daños aún están pendientes de ser evaluados en toda su dimensión.
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