Politica“Sólo la justicia social garantiza la paz y la felicidad humana”.
Lázaro Cárdenas del Río
De manera ineludible, según los acuerdos políticos entre el PRI, el PAN y la cúpula empresarial, todo indica que antes del plazo máximo será aprobada la reforma a la Ley Federal del Trabajo en la Cámara de Diputados.
Con todo y los muy pronunciados intereses que permean esta iniciativa, existen muchas opiniones al respecto, muchas visiones y sobre todo, muchas interpretaciones. Pero ¿en qué consiste esta reforma?
Esta iniciativa tiene dos partes, la económica y la política. En la primera se trata de reducir los costos de contratación; ampliar la contratación a prueba con el supuesto de que el individuo conoce sus capacidades y habilidades, así, según sea su desempeño en los primeros seis meses, será determinada su permanencia o no en la empresa.
Sin embargo, otro punto más delicado de la propuesta es contratar a la fuerza de trabajo por hora u horas determinadas, con el argumento de que trabaja más quien más lo desee, pero con esta modalidad se pone en riesgo la estabilidad de los hogares que dependen de un ingreso de medio tiempo, como puede serlo el caso de aquellas madres que aprovechan los horarios escolares para trabajar o los estudiantes que solventan sus gastos escolares; entonces la pregunta obligada es ¿estamos pasando a legalizar o ilegalizar lo que ya se hace? Esto se da por entendido, se tolera sin sanción lo estrictamente ilegal.
Estas modificaciones a la LFT se sostienen con el argumento de que, de manera progresiva, las empresas que actualmente operan en la ilegalidad se desarrollarán en un marco jurídico y legal aceptable, lo que generará un mayor nivel de empleo y estabilidad. Pero entonces ¿se está justificando la manera en la que ejercen sus actividades estos empresarios? Al parecer, sí.
En todo caso, al tiempo, la reforma que acordarán la mayoría de los diputados, provocará que se precarice el salario y que se reduzcan aún más los niveles de bienestar de millones de familias.
La parte netamente política del proyecto de ley es igual de controversial. La legislación actual obliga a la empresa a descontar de la nómina de los trabajadores las cuotas sindicales y entregárselas a los dirigentes sindicales, quienes no están obligados a rendir cuentas a los afiliados sobre su utilización. Esto genera especulación y la conclusión es que los intereses de los líderes sindicales se parecen más a los empresariales que a los obreros. Sin embargo, con el chantaje de la “autonomía sindical” es previsible que en las negociaciones se llegue al acuerdo de que no se trastoquen los intereses corporativos de los sindicatos afiliados a la CTM del PRI.
Como miembros de la Universidad —donde ciencias y artes se estudian y se desarrollan— nos corresponde analizar esta situación. La sociedad requiere individuos comprometidos con las causas de justicia, con las causas colectivas. A los y las estudiantes, como futuros profesionales en la sociedad, nos corresponde la tarea de ajustar las condiciones para el desarrollo y que se establezcan las condiciones óptimas para todos los participantes de la producción, entre éstas, que el trabajo sea bien remunerado, digno y productivo. Y son las demandas de justicia social las que cambian el entorno de todos y cada uno de nosotros.
El autor es estudiante de economía.
José Luis Cuevas Quintero
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