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| Raynubdo Riva Palacio |
El caso de las 18 personas detenidas en Nicaragua acusadas de narcotráfico, lavado de dinero y crimen trasnacional, reúne todos los ingredientes para que la noticia sea un escándalo: viajaban en camionetas con el logotipo de Televisa, se dicen empleados de la empresa, se identificaron con pasaportes mexicanos, transportaban ilegalmente más de nueve millones de dólares, se sospecha que autoridades del Distrito Federal les proporcionaron documentos apócrifos, y se presume que detrás de están Los Zetas. También se ha convertido en una extensión de la polarización que se disfraza conforme a la coyuntura -como las elecciones y la banda de 2.5 GHz-, donde los gladiadores tienen territorios bien definidos: MVS, cuyo presidente Joaquín Vargas está asociado con Carlos Slim en negocios de televisión, y Emilio Azcárraga, presidente de Televisa.
¿Por qué no es entonces el escándalo nacional que la suma de sus componentes reclamaría del sentido periodístico? Al contrario. Esta noticia es una de las más autocensuradas de que se tenga memoria en la vida libre de la prensa, y expone la imbricación de las partes involucradas -por ejemplo, la de un diario que por su vinculación con Armando Quintero, secretario de Tránsito y Vialidad en el Distrito Federal, que está en el centro de la sospecha de corrupción-, y la salvaguarda de intereses personales -la relación con Televisa- por encima del derecho de los mexicanos a ser informados.
Lo que sucede en Nicaragua es de altísima relevancia en México. El proceso judicial en Managua puede comenzar a dar respuestas cuando se inicie el 3 de diciembre, y aclarar la realidad de esas camionetas y de esas personas. Televisa sería la principal interesada, toda vez que ese tipo de unidades equipadas son similares a las que maneja la dirección de Operaciones Satelitales de Telesistema Mexicano, de William Aguirre, nicaragüense de nacimiento. Televisa ha negado desde un principio toda imputación.
La propiedad de los vehículos está registrada en Setravi, que dirige Quintero, a nombre de Televisa, informó MVS. Para defenderse, la empresa dio a conocer sus procedimientos para adquirir vehículos. Al mostrarse la contradicción a lo dicho por MVS surgió la sospecha que Setravi regulariza vehículos de manera ilegal. La Procuraduría del Distrito Federal está investigando si es el caso con las camionetas supuestamente de Televisa, aunque el tema es de mayor gravedad porque los vehículos a los que dieron placas, están involucrados en asuntos de narcotráfico, por lo que la PGR también abrió esa línea de investigación ante la sospecha de que estén Los Zetas detrás.
Funcionarios federales se han enredado. Dicen que no hay infiltración del narco en el gobierno local, pero su línea de investigación apunta en ese sentido. Setravi, que le dio la información a MVS, se crucificó a sí misma. Por quedar bien con MVS, quedaron mal con Televisa. Para reponerlo, le entregaron a Televisa copias de las licencias de las personas detenidas en Nicaragua. Peor. Al menos dos de esas personas, ni están en Nicaragua, ni están presas. Setravi dio a conocer datos privados -prohibido por una ley federal- y podría haber una demanda en su contra por daño moral, al identificar como culpables de un delito a dos personas inocentes. El manejo irresponsable de las bases de datos de Setravi tiene que ser castigado más allá si también resultan infiltrados por el narcotráfico. Televisa no es ajena de responsabilidad en este punto específico. Divulgó información parcialmente falsa de Setravi, que al probarse la irregularidad, tendría que ofrecer una disculpa a las dos personas a las que afectó. Rectificar no es indigno ni humillante, sino al revés. Sin embargo, cuando menos uno de los afectados ya recibió una amenaza de un empleado de Televisa para que no piense en demandarlos. Esto no habla bien de la empresa y arroja nuevamente sospechas de la culpabilidad de la que quiere deslindarse.
El enredo de Managua involucra a gobiernos y a una empresa líder en México. La parte judicial corresponde a las autoridades probar y aclarar. La parte informativa le toca a los medios registrar, por la relevancia del caso, por los actores involucrados y por la debilidad institucional que se ha exhibido. Callar es un recurso para no meterse en problemas con los intereses creados. Sin estar de acuerdo con esa política, están su derecho a hacerlo. Pero que no se sorprendan que en las calles se grite “¡prensa vendida!” y se exija la democratización de los medios. Razones de sobra se les ha dado a quienes así lo desean.
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