Debieran ser la base de un “gobierno republicano” y, en teoría, independientes entre sí. Pero en la realidad, lo vemos a diario, las cosas no operan como lo dicta la Constitución y, en cambio, constantemente se intercambian favores y concesiones.
La reforma laboral propuesta por el presidente Felipe Calderón Hinojosa y que está prácticamente amarrada en el Congreso, es una muestra de ello.
A pesar de que afectará a millones de trabajadores en México, particularmente a aquellos que menos ganan y que, por tanto, son los más desprotegidos en materia de prestaciones sociales, está en las manos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo que, con manga ancha, hicieron a un lado de esta discusión fundamental al grueso de la sociedad mexicana.
Aunque el mismo Calderón Hinojosa y su gabinete económico, así como legisladores, como el priista Manlio Fabio Beltrones Rivera, defienden a capa y espada las bondades de la propuesta, lo cierto es que la mayoría de los expertos –que debieron ser consultados para armar dicha iniciativa– están totalmente en desacuerdo y sus dichos los argumentan con cifras y escenarios que ponen los pelos de punta.
La Ley Federal del Trabajo no sirve como está ahora para detonar el bienestar laboral, mucho menos para detonar empleo y, por tanto, crecimiento. Eso es verdad. Pero también es cierto que esta iniciativa no logrará esos objetivos porque, de acuerdo con verdaderos especialistas en el tema, ninguna de las propuestas de reforma presentadas en los últimos 24 años se ha aprobado de manera integral ni ha cohesionado y mucho menos integrado los intereses de la mayoría.
Por si fuera poco, México tiene un profundo rezago –histórico incluso– entre patrones y trabajadores, que ha permitido a los primeros hacer y deshacer en materia de contrataciones laborales, gracias incluso a la protección otorgada por las autoridades en turno.
Por tanto, la iniciativa enviada desde Los Pinos y que sólo discuten los legisladores, no podrá, por arte de magia, cerrar esa brecha, sino más bien reducir los costos de las empresas, aumentar sus ganancias, a costa nuevamente de los salarios y prestaciones del trabajador.
El reclamo al Ejecutivo y al Legislativo es fuerte y extendido de parte de quienes han sido excluidos, de forma dictatorial, por esos poderes que se sienten dueños de la verdad y del futuro del país.
Para conformar esa iniciativa no hubo diálogo con los sindicatos y muchos menos con los legisladores. Esos poderes absolutos tampoco escucharon la opinión de académicos, abogados y economistas expertos en el tema. Mucho menos integraron las expresiones de organizaciones de la sociedad civil, defensores laboristas e, incluso, a organismos de derechos humanos.
En ese sentido, ayer, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal expuso que la propuesta de Calderón, ampliamente respaldada por el PRI y el PAN, violenta el derecho al trabajo con figuras como la contratación a prueba, la subcontratación y la contratación sólo para efectos de capacitación inicial.
Esas modificaciones, afirmó, son “serias regresiones para los derechos humanos laborales”. Pero hay más: la regulación del sistema outsourcing, que no tiene candados “claros y suficientes”, y la contratación por horas o a prueba, que “afectan el derecho a la estabilidad en el empleo o merman de forma considerable el ingreso de las y los trabajadores”.
Lo dicho: Calderón y el Legislativo –con el PRI y el PAN de la manita–, han determinado los cambios a la reforma laboral ejerciendo un poder absoluto, rindiendo cuentas sólo a intereses de grupo y sin considerar a la mayor parte de la sociedad que, al final, es la que padece, y paga, por sus arbitrarias decisiones.
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