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| Carlos Ramírez |
A lo largo de la historia de los siglos XX y XXI, los trabajadores han sido considerados como piezas políticas de recambio de los gobernantes: sirvieron para fortalecer el poder del Estado y ahora son sacrificados porque constituyen un lastre para la modernización productiva.
La reforma laboral del presidente Calderón, que ya fue aprobada en lo general por la bancada del PRI ahora de regreso a la presidencia de la República, termina --ahora sí-- el ciclo político proletario iniciado en la huelga de Cananea el primero de junio de 1906 y llevado a propuesta revolucionaria de garantías sociales por la comisión redactora de los artículos 5 y 123 constitucionales en 1917, pasando por el Pacto de la Casa del Obrero Mundial firmado el 17 de febrero de 1915 con Carranza para crear los “batallones rojos”, aunque más como efecto político que como estructura organizacional.
A lo largo de la historia moderna de México, los trabajadores sólo han servido a causas mayores. Pese al papel detonador de las huelgas de Cananea y de Río Blanco --ésta en enero de 1907--, a la influencia del Programa del Partido Liberal de los hermanos Flores Magón en julio de 1906 y su parte de propuesta proletaria y al compromiso de Carranza con la Casa del Obrero Mundial, la iniciativa constitucional original carrancista constó sólo de cinco párrafos de defensa de los trabajadores y sólo ajustado a evitar el trabajo esclavizado.
Pero el Pacto de la Casa del Obrero Mundial fue mucho más amplio: Diez párrafos y ocho cláusulas que establecían en plena revolución constitucionalista el concepto de “reformas sociales” y prometía: “El Gobierno constitucionalista reitera su resolución, expresada por decreto de 12 de diciembre del año próximo pasado, de mejorar, por medio de leyes apropiadas, la condición de los trabajadores, expidiendo durante la lucha todas la-, leves que sean necesarias para cumplir aquella resolución”. Las adiciones al Plan de Guadalupe del 12 de diciembre de 1914 apenas hablaban del tema: “Legislación para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero y, en general, de las clases proletarias”.
El Programa del Partido Liberal delineó trece puntos mucho más concretos para el tema proletario, incluyendo jornada, salario mínimo, controles a patrones, mejores condiciones de trabajo, indemnización sobre accidentes de trabajo, tiendas de raya al estilo Porfirio Díaz, preferencia a nacionales y descanso dominical.
La comisión revisora de la propuesta de Carranza del artículo 5 constitucional en materia de trabajo enriqueció un poco la redacción original que nada decía de derechos sociales de los trabajadores ni de bienestar, hablando, por ejemplo, sólo de “justa retribución”. El presidente de la comisión legislativa, el general Francisco J. Mújica, y el revolucionario agrarista Pastor Rouaix aceptaron las exigencias de otros legisladores y convirtieron el 5º en el 123 Constitucional con treinta cláusulas que ahora sí retomaban las propuestas de los hermanos Flores Magón, con quienes por cierto colaboró Mújica. Más tarde, en el sexenio cardenista, Mújica estaría en el centro de la conformación del sector corporativo sindical dentro del Partido de la Revolución Mexicana.
Así, el capítulo laboral de la Constitución de 1917 se convirtió, en palabras de Mújica, “en un capítulo de garantías sociales”.
El artículo 123 se reglamentó hasta 1931 con la primera ley federal del trabajo y se reorganizó totalmente con la iniciativa de Díaz Ordaz en 1970. En ese periodo y hasta 1989, los principios rectores de la ley del trabajo fueron el bienestar social de los trabajadores, la redistribución de la riqueza y “el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones”. Eso sí, considera Néstor de Buen, partía del criterio de “imitación del Código del Lavoro de la Italia fascista (que) colocaba a los sindicatos en una situación de absoluta dependencia del Estado”. Ello se confirmó en 1936 cuando Cárdenas creó la Confederación de Trabajadores de México como pilar corporativo del partido del Estado.
Lo que vino después fue un proceso de desincorporación de los sindicatos del Estado, aunque dejándolos a merced de los criterios económicos de subordinación.
Los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz reprimieron a los trabajadores para someterlos al Estado, los gobiernos de Echeverría y López Portillo aplastaron al sindicalismo independiente y privilegiaron a los sindicatos afines al gobierno y el gobierno de Salinas reformó el Estado y terminó con el ciclo paternalista con los sindicatos dejándolos como piezas de negociación económica con los empresarios.
De ahí que el gobierno panista de Calderón haya enviado una reforma para terminar con el proceso de deslindamiento de compromisos históricos del Estado y el gobierno con los trabajadores iniciado por el PRI de Salinas; y de ahí que el PRI reformado por Salinas haya avalado las propuestas de Calderón. En el fondo, la iniciativa busca romper con la historia política del sistema priísta y entrar en el ciclo de las relaciones laborales como reflejo de las relaciones productivas y no de compromisos sociales.
En el fondo, la reforma laboral del gobierno panista de Calderón es funcional a las reformas de deslindamiento de los gobiernos del ciclo priísta tecnocrático y quiere llevar al país a una zona de modernización de las relaciones sociales en las que no existan sectores que dependan del Estado sino que la reactivación de la dialéctica patrones-trabajadores inclusive se convierta en un nuevo motor de la producción y la productividad, aunque persistan sectores que supliquen por el paternalismo del Estado.
carlosramirezh@hotmail.com
Leído en: http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/obreros-solo-piezas-negociables
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