Y tienen razón muchos de esos opinantes cuando ponen sobre la mesa la cifra bruta y brutal de 60 mil o más muertos a causa de esa guerra. Y es que así sean seis muertos, sean 60, 600, 60 mil los muertos, significan el fracaso de un Estado cuya razón de ser es, precisamente, la preservación de la vida y los bienes de las personas.
Pero lo que no dicen muchos de los opinantes y críticos de la gestión de Calderón –sea por mala leche, por odio, rencor o por pura ignorancia--, es que más del 90 por ciento de esas muertes son producto de la pelea entre bandas criminales que se disputan los territorios y corredores del negocio criminal. Tampoco dicen que, en no pocos casos, la muerte de inocentes es parte del rencor criminal contra aquellos ciudadanos que se atreven a retar a los criminales.
Y por supuesto que tampoco se habla del círculo virtuoso de la lucha del Estado contra el crimen organizado –sea porque no hay cifras oficiales al respecto, sea porque el único interés es vengarse de Calderón--, que ha llevado calma, seguridad y certeza elementales a no pocos municipios del país, en donde la presencia militar, de la Policía Federal o los marinos, es el último dique para contener a los criminales.
¿Cuántas vidas no se perdieron gracias a la presencia de la fuerza pública federal en las entidades con mayor incidencia criminal? ¿Cuántas empresas siguen funcionando, gracias a la presencia de la fuerza pública? ¿Cuantos vidas fueron rescatadas de las garras de criminales y secuestradores? ¿Cuántas familias viven hoy con un poco más de calma y seguridad, debido a la presencia militar, policiaca o de los marinos, en sus municipios?
Esas cifras no existen, no es posible registrarlas y --a los malquerientes de Calderón tampoco les importa destacarlas--, por tanto, no se incluyen en la ecuación cuya resultante pretende crucificar a Felipe Calderón. Y sin duda que es cuestionable la cifra descomunal de víctimas de la guerra contra el crimen. Pero también es cierto que resulta maniqueo, rencoroso, vengativo y poco ético hablar de "los muertos de Calderón".
Y viene a cuento, porque en pleno puente largo del 20 de noviembre, nos enteramos que María Santos Gorrostieta Salazar, ex Alcaldesa del municipio de Tiquicheo, Michoacán, finalmente fue asesinada luego de dos ataques anteriores en los que bandas criminales atentaron contra su vida. En una de ellas asesinaron a su esposo, también ex Alcalde de Tiquicheo.
Médica de profesión, madre de tres hijos, María Santos incursionó en la política junto con su primer esposo, cuando éste se postuló como candidato del PRI a esa Alcaldía. Luego de los dos atentados de los que sobrevivió, el Gobierno estatal de Leonel Godoy le asignó un grupo de escoltas, que fueron retirados cuando concluyó su gestión. El pasado lunes, cuando iba a dejar a su menor hija a la escuela, en Morelia, fue bajada de su camioneta a golpes y patadas. Nunca más se le vio con vida.
En Michoacán, todos saben que desde el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, pasando por el de Leonel Godoy y hoy en el de Fausto Vallejo, mandan las bandas criminales. Y También todos saben que la única posibilidad de una seguridad relativa es la presencia de las fuerzas federales. En Michoacán todos saben que quien reta a los criminales --como fue el caso de María Santos Gorrostieta Salazar--, tarde o temprano será asesinado. Y esa realidad no la ven y menos la quieren ver aquellos opinantes que, babeantes de sed de venganza odios y fobias políticas contra Calderón, simplifican la realidad del crimen y de los criminales.
¿Cuántos alcaldes, de Michoacán y de todo el país, viven hoy bajo la amenaza de muerte de las bandas del crimen? ¿Cuántos gobernadores, como ocurrió con Lázaro Cárdenas Batel y con Leonel Godoy –y como ocurre con muchos otros--, prefieren voltear para otro lado, ante el poder del crimen?
En Coahuila, la familia del Gobernador y ex Gobernador Moreira vivió en carne propia la venganza de las bandas criminales. En apego a su obligación, el Gobernador en turno persiguió a los criminales, la Policía Estatal mató al sobrino de uno de los jefes de "los Zetas" y, en respuesta, mataron a un sobrino del Gobernador. ¿Quién está a salvo?
Podrán decir misa, insultar y vomitar odio y rencor, pero la presencia federal ha salvado miles de vidas.
En el camino
Martí Batres se fue del PRD. Y claro, se llevó las ligas... del Congreso, claro.
Leído en http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.