Como es natural, el anuncio se hizo en un marco que realza los beneficios que de la reforma se esperan, pero ella no puede ser tomada tan a la ligera. Requiere en cambio de una reflexión seria, porque si bien se miran las cosas, ofrece aristas que no son del todo deseables.
En primer lugar se pretende reducir el número de secretarías, de 18 que actualmente existen, a 16 que restarían después de la enmienda. Esto sólo puede sonar bien si se atiende a los impactos reductivos de la burocracia y del gasto corriente en el presupuesto federal, pero ni una cosa ni otra son exactas.
De hecho el aparato existente no desaparece –quizás se recorte, pero temo que sería imperceptiblemente-, sino que será absorbido, tal cual, por otras entidades y organismos.
Tal es el caso, en primer lugar, de la Secretaría de Gobernación, que asumiría la conducción del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como las funciones de prevención del delito, la gestión del sistema penitenciario –supongo que federal-, además de la vigilancia fronteriza y el mando de la Policía Federal, tanto como la nada deleznable coordinación de la red de actividades y organismos encargados de la seguridad nacional.
Por supuesto, esa secretaría –por si eso fuera poco- conservará sus funciones de rectoría y coordinación política y la vinculación con los poderes de la Unión y los gobiernos de los estados, como ha sido tradicional. Éste es precisamente el ingrediente que me hace observar el primer foco rojo. ¿La conducción política en una mano y el poder represor en la otra? Por alguna razón eso me recuerda la célebre recomendación de Roosevelt: “Habla suavemente, pero con el garrote en la mano”.
Por otra parte se pretende crear una Comisión Nacional Anticorrupción, que podría actuar de oficio, por notificación o por denuncia, para indagar posibles ilícitos de funcionarios públicos o por particulares, y aparentemente se le quiere crear como organismo constitucional autónomo, porque se habló, sin dar más detalles, de una reforma constitucional que no sería necesaria para reformar la administración pública o crear la comisión, a menos que la pretensión fuera aquélla.
Se quiere que esa comisión no se vea constreñida en su quehacer por el secreto bancario, fiduciario o fiscal, y lo que es aún más grave, “podrá atraer casos de corrupción estatales y municipales”, según se dijo en el evento.
¿Por qué más grave? Porque eso de que “podrá atraer” se presenta como una facultad discrecional, que la comisión dicha podrá ejercer a su arbitrio, lo que contradice, sin más la oferta de eficiencia hecha y, sobre todo, porque camina todavía más de lo que ya se ha hecho, en la ruta de neutralizar los efectos del sistema de frenos y contrapesos para el poder, que en México está cifrado en la combinación de la división de poderes con el esquema federal.
Vulnerar esa estructura lleva, inexorablemente, a una concentración de poder que es absolutamente perniciosa, como bien sabemos los mexicanos.
Me parece que una comisión como ésa, que no parte de una definición objetiva y clara de “corrupción”, se presta a una actuación subjetiva, a duplicidades y hasta contradicciones con el sistema de procuración de justicia –aun el judicial- y se corre el riesgo de que, sumada a las otras reformas, contribuya a actualizar ese riesgo.
Lord Acton acuñó una frase que se ha vuelto un referente clásico: “El poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente”. ¿Estamos los mexicanos en condiciones de correr ese riesgo?
Ojalá que los diputados y senadores hagan bien esta vez su trabajo y no sean tan obsecuentes con el Ejecutivo como suelen ser.
Leído en http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/las-iniciativas-de-pena-nieto
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