Poco antes de la una de la tarde del pasado jueves 15 de noviembre, José Cuitláhuac Salinas Gutiérrez entró al despacho de la procuradora general de la República, Marisela Morales, en el piso 16 del edificio de Paseo de la Reforma 212. El subprocurador de Investigación de Delincuencia Organizada había sido llamado de urgencia.
Su jefa y compañera de trabajo durante más de 10 años le reclamó los errores en que habrían incurrido algunos de sus subordinados y le exigió la renuncia de Gerardo Salazar Bolaños, jefe de la Unidad de Delitos contra la Salud, y de Dex Hervest García Vidal, jefe de la Unidad contra Asalto y Robo de Vehículos.
Fuentes de la PGR aseguran que Salinas Gutiérrez aceptó el regaño y acató la exigencia, pero le dijo a la procuradora que él también se iba, pues le resultaba molesto e incomprensible que se le hiciera tal exigencia a 15 días de que concluyera la actual administración. La respuesta no le gustó a Marisela Morales. Ambos iniciaron una discusión que duró al menos 30 minutos y terminó cuando la procuradora le dijo a su titular de la SEIDO: “Pues si vas a renunciar que sea ya”. Y así fue.
Nada se dijo de los errores recriminados aunque ya empieza a haber indicios que permiten elaborar alguna hipótesis que gira en torno al caso de los generales detenidos este año por presuntos vínculos con el narcotráfico y que todo apunta a que naufrague y se convierta en otro fracaso que atiza el incendio institucional que se vive en las fuerzas armadas, la Policía Federal y la propia PGR cuando agoniza este gobierno.
Fueron los narcotraficantes Sergio Villarreal, “El Grande”, y Édgar Valdés Villarreal, “La Barbie”, quienes incriminaron a los generales Tomás Ángeles Dahuahare, exsecretario de la Defensa; Ricardo Vargas Escorcia, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como al coronel Silvio Hernández Soto y al mayor Iván Reyna Muñoz en la presunta red de protección a Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, abatido por la Marina el 16 de diciembre de 2009.
“La Barbie”, sin embargo, quien estaría a punto de ser extraditado a EU antes de que termine este gobierno, ha matizado sus declaraciones ante el juez federal que lo procesa y señalado que la SEIDO lo presionó y amenazó para obligarlo a declarar contra los oficiales de alto rango acusados de tener nexos con el narcotráfico, señalamiento que debilita la acusación.
Los generales fueron detenidos el 15 de marzo de 2012 y se les tomó declaración como parte de la averiguación PGR/SIEDO/UEIDECS/2010 abierta tras la detención de Valdés Villarreal por la entonces subprocuradora Marisela Morales, que ya para ese momento era procuradora.
Fuentes de inteligencia aseguran a este reportero que el caso de los generales se habría utilizado también como parte de los jaloneos internos relacionados con la sucesión en la Sedena, a las que Cuitláhuac Salinas, o al menos sus subalternos, estarían involucrados para descarrillar a uno de los posibles sucesores de Guillermo Galván.
El caso, de cualquier forma, se suma al daño institucional causado por la guerra contra el narcotráfico y que también tiene expresiones graves en la Policía Federal.
Ayer, por ejemplo, la PGR concluyó que el ataque a tiros a un vehículo diplomático de EU en el que viajaban dos agentes de la CIA y un efectivo de la Marina-Armada de México el 24 de agosto pasado, fue “planeado y directo”.
Así lo informó Victoria Pacheco, subprocuradora de Control Regional de la PGR, quien también dio a conocer que se giraron órdenes de aprehensión contra los cinco mandos de la PF que permanecen arraigados y obtuvieron una suspensión provisional de amparo; 14 policías federales, quienes vestidos de civil persiguieron y dispararon contra los estadounidenses en vehículos particulares, fueron consignados y quedaron formalmente presos la semana pasada. Los cinco arraigados son, según la PGR, los propietarios de los autos particulares desde los que se dispararon más de 150 balas contra la camioneta de la embajada de EU.
¿Por qué y de parte de quién se ordenó a los federales que realizaran ese ataque sin uniforme? Eso es parte de la investigación de este caso que pega directamente en el prestigio de la PF, al igual que en su momento lo hizo el asesinato de dos federales, a manos de sus propios compañeros, ocurrido el 26 de junio en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
¿Cómo es posible que con tales reveses institucionales el gobierno de Calderón despliegue esa propaganda oficial en el que lo denomina “sexenio valiente”? Valiente sexenio este que termina con semejante debacle institucional en materia de seguridad y justicia.
rrodriguezangular@hotmail.com
@RaulRodriguezC
Raúl Rodríguez Cortés
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