El pasado 1 de julio, diputados locales panistas presentaron una iniciativa de reforma a los códigos Civil y Penal del DF para evitar que exfuncionarios puedan traficar influencias y obtener beneficios particulares, así como para proteger a menores en situaciones de vulnerabilidad para evitar que, por su condición, reciban pensiones alimenticias menores.
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En un México estupefacto ante los recientes escándalos de corrupción de Elba Esther Gordillo y Andrés Granier, inmerso en acusaciones de corrupción y enriquecimiento inexplicable en contra de candidatos de todos los tres principales partidos políticos, los mexicanos clamamos por justicia y castigo a quienes abusaron del poder.
Desafortunadamente la vileza y mezquindad humana del exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se inscribe en una disputa palmo a palmo por el icono del repudio y la censura pública. El caso de Ana María Orozco Castillo expareja sentimental de Genaro Góngora Pimentel, no solo indigna, sino que además mengua casi hasta la extinción la ya menguada llama de la esperanza de justicia y castigo.
¿Qué hacer cuando el juzgador es igual o aún más corrupto que el indiciado? ¿Cómo creer en la justicia cuando se exige aplicar la ley a quien abuso del poder para su beneficio personal, si el juzgador es aún más vil y soez? ¿Cómo entender el negarle el apoyo a sus hijos y encarcelar a su madre dejándolos al cuidado de su abuela, quien trabaja como empacadora en un centro comercial?
Por eso, los abusos de Góngora son todavía más graves, pues dañan la fibra sensible del sistema de justicia mexicano. Así como en términos de delitos sexuales, el abuso infantil supera la infamia de una violación; el tráfico de influencias en perjuicio de nuestra propia sangre supera la infamia del tráfico de influencias por dinero en perjuicio de un tercero neutro.
Genaro Góngora abusó de su poder para discriminar a su propia sangre en una vendetta contra su expareja y utilizó como mecanismo de venganza el dinero. Con una pensión vitalicia de más de 300,000 pesos mensuales, abusó del poder para reducir sus obligaciones de pensión alimenticia, dando a sus hijos trato de acreedores alimentarios, y en la miseria humana de anteponer el dinero al amor por sus hijos, los discriminó aduciendo que, debido a su condición de autismo, no saben divertirse.
El autismo no es una enfermedad, es una condición de vulnerabilidad, por ello los diputados del PAN propusimos reformas al Código Civil, para que jamás se pueda volver a reducir una pensión alimenticia a un menor en situación de vulnerabilidad. El estado de interdicción de un menor, ya sea autismo o algún otro no puede ser causal ni de discriminación, ni de reducción de obligaciones.
Además proponemos ajustar el Código Penal, pues Góngora demostró que el nirvana de la corrupción es la esfera particular del exservidor público del sistema judicial. A un servidor público se le puede acusar de tráfico de influencias; a un particular del delito de promoción de conductas ilícitas; pero a un exservidor que ya es particular y que trafica influencias dentro del ámbito en el que laboró para un caso personal, no se le puede acusar de nada. Dicho de otro modo, la ley contempla castigo para el tráfico de influencias, ya sea desde lo público o lo privado, para obtener dinero, pero no para ahorrarlo o escatimarlo en una pensión alimenticia.
Con todo lo inmoral del actuar de Góngora, de nada se le puede acusar legalmente. Tan es así que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hasta lo defiende y señala orondo que Góngora conoce y tiene muchos amigos en el sistema judicial y nada puede hacerse, pero se equivoca. Sí se puede legislar para que esto jamás suceda de nuevo.
No podemos cambiar quien es Góngora, ni cómo es, pero sí aprender la lección de su vileza y legislar para evitar su clonación. Aprender que una casa no puede valer más que la sonrisa de un hijo y que la ley debe amparar a los menores y garantizar su sano desarrollo. Un menor solo tiene la ley y a sus padres para defenderlo, pero cuando el estado tuerce la ley aun en contra de su propia sangre por vil y burdo dinero, el menor queda en la indefensión.
Un menor no puede defenderse por sí mismo, menos aún si tiene una situación de vulnerabilidad, por eso el Estado debe velar por él. Por eso para mí, el caso Góngora es incluso más censurable que Elba Esther y Granier: ellos también se corrompieron por dinero, pero Góngora en contra de su propia sangre.
Mi indignación es como mexicano, como diputado por el PAN en la Ciudad de Mexico, pero sobre todo y primero que nada como padre de tres hijas.
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Leído en http://www.adnpolitico.com/opinion/2013/07/05/federico-doring-para-que-el-caso-gongora-no-se-repita-jamas
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