J A I M E SÁ N C H E Z S U S A R R E Y
Seguridad: 13 fallas
La estrategia en materia de seguridad del Gobierno federal, a un año de la elección del 2 de julio, adolece de una serie de fallas.
1. El diagnóstico. La tasa de homicidios por 100 mil habitantes pasó de 19 en 1992 a 8 en 2007. A partir de 2008 se disparó la violencia hasta alcanzar los 60 o 70 mil muertos del sexenio. Imposible explicar ese giro radical por las condiciones de marginación y pobreza. Porque han estado allí por décadas.
2. Los programas de prevención del delito –ingrediente fundamental de la nueva estrategia del Gobierno federal- parten de la confusión anterior, es decir, explicar la violencia por la marginación y la pobreza.
3. El sexenio de Felipe Calderón dejó una lección capital: La urgencia de un mando único de las policías estatales y municipales en cada una de las entidades. Pero el Gobierno federal, en lugar de impulsar esa iniciativa como una prioridad, la ha dejado en manos de los gobernadores. Por eso los avances en esa materia son lentos y desordenados.
4. Otra de las lecciones que dejó el pasado sexenio fue que es urgente trazar una estrategia para retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas policiacas. De ahí la necesidad de formar y fortalecer una Policía Federal efectiva. Pero al respecto, el Gobierno federal ha dado tumbos. El más estruendoso son las contradicciones en la definición y puesta en marcha de la llamada Gendarmería Nacional, que constituyó el eje de la propuesta de Peña Nieto en la campaña presidencial. Ahora se afirma que dicha corporación no reemplazará a la Policía Federal y que arrancará con apenas 5 mil efectivos.
5. El Gobierno federal ha puesto el énfasis en la coordinación con los gobiernos estatales y municipales, dejando a los gobernadores la responsabilidad principal de la seguridad. Pero es evidente que los gobernadores no pueden con ese problema (allí están los casos de Michoacán, Tamaulipas, Morelos) o, por irresponsabilidad y corrupción, ni siquiera lo atienden debidamente.
6. La respuesta del Gobierno federal frente a la escalada de violencia que se vivió en Tierra Caliente, Michoacán, particularmente en La Ruana y Buenavista, Tomatlán, confirma que no hay nada nuevo en la estrategia respecto del sexenio anterior. Todo se ha reducido a un despliegue de Fuerzas Federales -que condujo a un repliegue de Los Caballeros Templarios-, pero que no podrá ser indefinido. Cuando el Ejército se retire, Los Templarios regresarán, como ya ocurrió bajo el Gobierno de Calderón.
7. El Gobierno federal ha reaccionado torpe y contradictoriamente ante el surgimiento de las policías comunitarias o las autodefensas. En lugar de capitalizar esa movilización social para rescatar las zonas donde el crimen organizado ha sentado sus reales, las ha condenado y luego las ha tolerado a medias. Cuando, en realidad, representan la oportunidad de crear condiciones materiales para que las regiones azotadas por los criminales vivan en paz y se defiendan a sí mismas.
8. Las expectativas que generaron el desalojó de la Autopista del Sol, el 6 de abril pasado, y las declaraciones del Presidente Peña Nieto, de que no se toleraría a quienes infringieran la ley, se han desvanecido. Los actos violentos en la Ciudad de México siguen siendo cobijados y tolerados por los legisladores perredistas, como ocurrió con el vandalismo el pasado 10 de junio, sin que haya habido siquiera una condena verbal del Secretario de Gobernación. La ley en México se aplica con dos varas y dos medidas.
9. El Gobierno de la República ya no habla de una guerra contra los delincuentes ni publicita las detenciones. La PGR ha decidido, incluso, reservar la información que tiene que ver con los cárteles, con el argumento de que se puede hacer uso indebido de la misma. Pero el problema de la violencia en México no es de simple percepción. Es una realidad que sigue presente. En las últimas semanas fueron asesinadas 15 personas -entre candidatos, familiares e integrantes de equipos de campaña- en los estados donde habrá elecciones.
10. El Gobierno de la República ha asumido una postura conservadora frente a la iniciativa de Otto Pérez Molina, Presidente de Guatemala, de legalizar las drogas. Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, por el contrario, ha reconocido que el prohibicionismo fracasó y que no se puede continuar esa política cuando en Estados Unidos se legaliza la mariguana con fines recreativos.
11. La convergencia de los presidentes de Colombia y Guatemala parte de un hecho elemental: los niveles de violencia que se viven México, Centroamérica y Colombia están asociados a las enormes ganancias que genera el tráfico de drogas, en particular la cocaína. Ésa es la pieza del rompecabezas que hace falta en el diagnóstico del estallido de la violencia en México en los últimos años. Y falta, también, en la estrategia que se debe seguir para contener al crimen organizado.
12. Recientemente, el Observatorio Nacional Ciudadano, a partir de las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, hizo público que las denuncias de secuestro se habían incrementado 17 por ciento en el último cuatrimestre. La respuesta del Secretario de Gobernación fue inmediata y desmintió la información. Pero el incremento es real, los secuestros van al alza.
13. Enrique Peña Nieto durante su campaña por la Presidencia de la República se comprometió a bajar los delitos de alto impacto social (asesinato, secuestro y extorsión) en un 50 por ciento el primer año de su Gobierno. La meta era y es inalcanzable. Pero lo que realmente preocupa es que la estrategia está fallando, es inconsistente o, de plano, ni siquiera existe.
Leído en http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
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