Poco se sabe de la actuación de los consejos de dependencias como Obra Pública, Transparencia, Desarrollo Económico, Seguridad Pública o Desarrollo Social. Apenas algún boletín eventual, donde todo son acuerdos y buena voluntad, pero nada del impacto que pudiera estar produciendo la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno.
Por ejemplo, no sabemos si se dio parte al consejo de Seguridad sobre la contratación del costoso Proyecto Escudo, más de dos mil 700 millones invertidos en tecnología de vigilancia, así como de sus avances y sus compromisos.
Desconocemos si el consejo de Salud tomó conocimiento de la megalicitación, convertida a la postre en macroasignación directa de un contrato de medicamentos para el seguro popular por más de dos mil millones de pesos anuales.
En cambio, ahora podemos ver que la participación social se vuelve complicada cuando no ocurre por los cauces tersos que el gobierno de Márquez ha delimitado y acotado para la opinión de grupos organizados y afines, donde sobresalen las entidades de corte empresarial y prácticamente no se da espacio a las ONG’s.
Así ocurre en el caso, que se ha convertido en noticia nacional, de las inconformidades de comunidades de campesinos de origen otomí con el trazo de la nueva carretera concesionada entre San Miguel Allende y el Aeropuerto del Bajío. Aquí, la participación ciudadana no parece estarse dando por invitación, sino por reclamo y, por lo mismo, no parece estar siendo tan bien recibida por el mismo Gobernador cuyo compromiso explícito ha sido el de recuperar contacto con la sociedad.
Si bien el proyecto de la nueva vía fue responsabilidad del anterior gobierno, el de Juan Manuel Oliva, la realización ya corresponde a la administración de Márquez. Como, además, el nuevo Gobernador se le da con facilidad el enmendarle la plana a su antecesor, se podía esperar una mayor apertura a los reclamos de los comuneros afectados en San Miguel de Allende. No ha sido así.
En cambio, estos denuncian que el trazo de la carretera fue modificado sin mayores aspavientos para no crear complicaciones en desarrollos privados como una planta de la empresa Bachoco y un conocido balneario, lo que no ha valido para los asentamientos indígenas de la zona y para varios sitios de vestigios arqueológicos.
Es decir, los indígenas de Guanajuato sufren, como lo han subrayado numerosos analistas, una doble invisibilización: la de siempre, la que impidió que su opinión fuese siquiera buscada para la planeación previa, cuando podía haber sido más sencillo retomar sus inquietudes; y la del rechazo a sus reclamos posteriores.
Incluso, se ha llegado al extremo de que el Gobernador Márquez, con una gran ligereza, les pida “sacrificios” justamente a los eternamente sacrificados en la historia del país, mientras quienes tienen capacidad de gestión por influencia o por posibilidades económicas, ya lograron evitar el daño que los amenazaba. De nuevo a sacrificar a los sacrificables.
El tema no parece ser sencillo. Las comunidades otomíes ya mostraron su disposición a evitar que la nueva carretera, que por cierto recibió un primer rechazo de Semarnat a su manifestación de impacto ambiental, afecte su patrimonio, tanto el físico como el intangible que son sus sitios ceremoniales.
Y si esa resistencia continúa, frente a argumentos tan endebles como el del “sacrificio” que pide la autoridad, no es remoto que el conflicto escale hasta convertirse en un tema nacional, ayudado por la visibilidad, esa sí indiscutible, que tiene San Miguel de Allende como destino turístico nacional e internacional.
Así, un gobierno que quiso utilizar el discurso de la participación ciudadana sólo como paraguas propagandístico, deberá enfrentarse a un reclamo muy serio para actuar en congruencia o quedar en la más ignominiosa de las evidencias.
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