Eduardo Ruiz-Healy - ¿Después de Ingrid y Manuel seguirá la impunidad?

101 muertos, 68 desaparecidos y cientos de miles de damnificados -58,000 de ellos evacuados y llevados a 554 albergues- es el saldo, hasta ayer, que dejaron los huracanes Ingrid y Manuel que la semana pasada afectaron a casi todoMéxico. A esto hay que añadir pérdidas económicas que, de acuerdo a Gabriel Casillas, director de Análisis del Grupo Financiero Banorte, serían de entré 16,303 millones de pesos, equivalentes a 0.1% del producto interno bruto (PIB) del país, y 48,938 millones, equivalentes a 0.3% del PIB.

El monto seguramente será mucho mayor cuando se le añadan el valor económico de las vidas humanas que fueron truncadas por el desastre y el efecto que tendrán las secuelas de Ingrid y Manuel sobre la inversión bruta, la balanza de pagos, las finanzas públicas, los precios y el empleo, tanto de cada estado afectado como de todo el país.




Muchas de las pérdidas materiales fueron inevitables. Aún no se ha desarrollado una tecnología que sea capaz de controlar y hasta diminuir la fuerza de un huracán y tal vez esto nunca podrá lograrse. Durante muchos años por venir los seres humanos seguiremos siendo víctimas de la fuerza bruta e incontrolable de la naturaleza.

Pero las que sí podían haberse prevenido en gran medida son la mayoría de las 101 muertes más las que se contabilicen en los próximos días. Gran parte de los que murieron fueron víctimas de la tradicional irresponsabilidad, desidia y corrupción de quienes ocupan y han ocupado altos cargos federales, estatales y municipales.

Que un cerro se desgaje y sepulte vivas a decenas de seres humanos sólo ocurre porque las autoridades permitieron que esas personas estuvieran viviendo arriba o al pie del cerro a sabiendas de que el lugar era inseguro.

Que las carreteras se deslaven dejando incomunicadas y sin abasto a comunidades enteras sólo ocurre porque las autoridades permitieron que dichas carreteras se construyeran sin respetar los estándares mínimos de seguridad.

Los defectos de las obras públicas que algún día fueron inauguradas con bombo y platillos por presidentes, gobernadores o presidentes municipales usualmente salen a relucir cuando las golpea un desaste natural. Los terremotos de septiembre de 1985 mataron a cientos de defeños que estaban dentro de edificios públicos que fueron edificados con materiales de ínfima calidad por el Seguro Social y el gobierno federal.

Los mexicanos debemos exigir que los responsables de muchas de las muertes de la semana pasada sean identificados y, si procede, llevados ante un tribunal. Estas muertes no deben quedar impunes, caiga quien caiga.

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