México contó en seis años, de 2006 a 2012, según la cifra oficial dada a conocer por el gobierno federal, 26 mil 567 desaparecidos. Esto se divulgó en abril pasado, cuando la Secretaría de Gobernación, en voz de Lía Limón, encargada del despacho de la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la dependencia, reconocía los datos generados en el sexenio de Felipe Calderón. El martes, Jesús Murillo Karam volvía a hablar al respecto, cuando de igual forma reconocía también que sobre este asunto, el gobierno federal ha sido rebasado.
Con este antecedente, México llegó a la segunda evaluación del Examen Periódico Universal que realiza el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El primero se realizó hace cuatro años y, claro está, no nos fue bien. A pesar de que nuestro país intentó llegar con mejores credenciales, de nuevo reprobamos. Duplicamos el número de recomendaciones recibidas.
En esta ocasión fueron 180 puntos en los que México debe reforzar trabajo. Asuntos de orden militar, como el fuero a integrantes de Fuerzas Armadas. También de orden penal como el arraigo o atención a delitos graves contra civiles. Se pide también, hablando de lo narrado al inicio del texto, que se ponga especial énfasis a las desapariciones, sobre todo de mujeres migrantes. Y algunas áreas más: discriminación por condición socioeconómica o por origen indígena. Además, se marcó también el asunto de la impunidad: esa justicia que no alcanza para detener a evidentes y confesos delincuentes, esos que se arropan bajo leyes que, según lo entiendan y usen a conveniencia, pueden dejarlos gozando de absoluta libertad.
Otro de los temas en los que se puso especial atención fue el de las agresiones a periodistas. Y es que en este apartado, México también se ha quedado flojo. Nuestro país ha sido considerado el más peligroso para ejercer esta profesión: hace tres años, en 2010, se registraron 139 agresiones a periodistas, 21 a medios de comunicación; todo en 25 estados de la República, según propios datos de las Naciones Unidas. A esto se le suman los episodios violentos que activistas de diversas causas han tenido que enfrentar: en tres años, de 2009 a 2012, se contaron 44 agresiones.
No es un panorama fácil. Tampoco es que México no haya estado trabajando en materia de derechos humanos. Porque a pesar de la declaración de Murillo Karam y de las recomendaciones que hicieron los 89 naciones que evaluaron a nuestro país en Ginebra, se cuenta el trabajo realizado en estos cuatro años, desde la última evaluación, como la renovación al juicio de amparo y la reforma constitucional que se hizo en 2011 en materia de derechos humanos.
No nos fue bien. Porque aunque se reconoció lo que se ha trabajado, claro está que tal como lo dijo el titular de la PGR, nos están rebasando los temas. No sólo el asunto de los desaparecidos, sino aquellas políticas públicas que deben asegurar la protección de los derechos humanos. Éste también es tema para otra reforma, una que cambie la impartición de justicia, protección y seguridad que debe llegar a cada ciudadano.
Una CFE transparente
Francisco Rojas Gutiérrez, director de la Comisión Federal de Electricidad, tiene clarita la película. La reforma energética presentada por Peña Nieto permitirá bajar los costos de las tarifas y resolver los problemas de energía alterna, sin dejar de lado las inversiones en el abastecimiento eléctrico. Dijo que además de garantizar un esquema jurídico que proteja los recursos del país, la reforma ayudará a multiplicar las inversiones en el sector para su suministro, así como para clarificar y delimitar los procesos y dar certeza jurídica constitucional a quienes inviertan. Y, lo mejor, reducir las tarifas eléctricas sí es posible.
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