Primera: Pocos siguen pensando que la reforma constitucional enviada en agosto y que preveía únicamente la posibilidad de compartir utilidades con empresas privadas funcione para detonar el alud de inversiones en el sector energético y más allá del mismo. Todo parece indicar que el Gobierno deberá sustituir esa reforma por una de dos: la del PAN, que incluye concesiones (disfrazadas de licencias) y producción compartida, o una opción para acomodar al PRD, a saber, quedarse en utilidades compartidas y suprimir los cambios al Artículo 28 constitucional.
De confirmarse la primera vía, es probable que sería muy bien recibida por los mercados, las empresas petroleras y de servicios, y el sector privado mexicano, pero pésimamente por la izquierda unida que volverá a ser vencida. En cambio, si EPN opta por tratar una vez más de convencer a Cuauhtémoc Cárdenas y a una parte del PRD de aceptar un cambio constitucional acotado, estoy seguro de que no logrará entusiasmar a los mercados.
Segunda: Tendrá que haber una reforma político electoral antes que la energética, ya que el paso del tiempo ha demostrado, sorpresivamente para mí, que todo el PAN y buena parte del PRD en el Congreso se han mantenido firmes. Sin una serie de cambios políticos (reelección), electorales (anulación, algún tipo de INE, chequera única), no aceptará el PAN darle sus votos al Gobierno para ningún tipo de reforma energética, ni siquiera para la del propio PAN. Lo cual, confieso, me da buena espina, porque siendo partidario de una reforma energética de fondo, también lo soy de los cambios político electorales. No creo que exista la más remota posibilidad de conseguir los segundos si se le entregan al Gobierno antes los votos a la primera.
Tercera: Difícilmente podrá excluirse del conjunto de reformas político electorales la legislación secundaria de las modificaciones constitucionales de agosto de 2012, relativas a candidaturas independientes, iniciativa popular, y referéndum. Aunque el Gobierno y el PRI (que conviene recordarlo: aprobó las reformas de 2012) quisieran excluir la iniciativa popular, ni el PRD ni el PAN están dispuestos a aceptar esta hipótesis. Se entiende por qué el Gobierno la busca: cree que sin legislación secundaria, no habrá referéndum en 2015 sobre la reforma energética que se aprobaría ahora o a principios del año entrante. Pero además de que es improbable convencer al PAN de que abandone al PRD en esta materia, eso no impediría el referéndum. Se antoja difícil que la Suprema Corte le dé la razón a una argucia jurídica mezquina, por encima de la evidente intención del Constituyente permanente de agosto de 2012 en lo relativo a estas figuras.
Cuarta: Resulta difícil imaginar un escenario en el que no se celebre en algún momento, pero a más tardar en julio de 2015, un referéndum sobre la reforma energética constitucional. La izquierda sí conseguirá las firmas, la reforma constitucional ciudadana de 2012 es una realidad y es demasiado peligrosa para el Gobierno y para quien sea impedir ese referéndum en un asunto de esta envergadura, con tecnicismos leguleyos de clásica estirpe priísta.
La pregunta pertinente es ésta: ¿no le conviene más al País celebrar el referéndum antes, para que si ganamos los que queremos que se abra Pemex, logremos los efectos deseados desde ahora, y si perdemos lo sepamos de una vez? ¿O conviene más esperar año y medio a sabiendas, como ya se ha dicho por varios colegas en estas páginas, que nadie va a invertir un centavo en plataformas de aguas profundas o en fracking, mientras exista el riesgo de que exista una reversión en el 2015?
Leído en http://www.am.com.mx/opinion/leon/referendum-5357.html
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