1) Debemos debatir abiertamente cómo el modelo neoliberal capitalista ha implantado la normalización de la explotación humana como medio de enriquecimiento de terceros y perpetuación del la desigualdad social e inequidad de género. Toda política contra la esclavitud necesita promover nuevos modelos económicos y su aproximación paulatina para llegar a ellos.
2) La trata de personas no es un fenómeno criminal individual, sino un conjunto de actos realizados de forma encadenada por decenas o centenas de personas a la vez. Ignorar los vasos comunicantes entre todos los actores directos e indirectos es un error monumental. Los vasos comunicantes no pueden aislarse para beneficiar un discurso legislativo que busca simplificar la supuesta persecución del delito. Sí, ver el mapa completo complejiza el abordaje, pero reconocerlo resulta indispensable para legislar adecuadamente. Porque las construcciones culturales que nos hacen creer que este es un tema espinoso e inamovible al que no hay que entrarle, son el hierro que fortalece esas cadenas. Todo constructo cultural puede cambiar con la estrategia adecuada y a largo plazo.
3) La trata de personas, como una renovada y sofisticada forma de esclavitud, se ampara en un componente cultural de normalización de todas las formas de discriminación: racial, de género, de edad, condición socioeconómica, por estructuras de dominación social. Esto permite que equivocadamente se enfoque en las víctimas que surgen de contextos de pobreza extrema y se ignore a las que surgen de contextos aparentemente privilegiados pero igualmente sometidos a un discurso cosificador, hipersexualizador, deshumanizante, que es el que le aporta el glamour a la industria del sexo comercial, que en ocasiones oculta la trata y siempre promueve el sexismo.
4) Hay nuevas fórmulas para legislar desde la integralidad, que entienden el enfoque global de los delitos cometidos, y por tanto totalizan estrategias jurídicas, de desarrollo social, educativas, de transparencia del servicio púbico, que fincan mayores responsabilidades a quienes tienen mayor incidencia en prevenir el delito o en facilitar que éste no sea evidenciado investigado y perseguido.
5) Urge poner el enfoque en los refugios mexicanos que sí han logrado buenas prácticas, desde el rescate de víctimas hasta la reintegración total, con herramientas económicas, educativas y sociales de la o el sobreviviente. En lugar de sólo enfocarse en algún modelo del Distrito Federal. Parecería que algunos académicos y legisladoras creen que la Capital es representativa de todo el país. O que lo que las visiones progresistas que no surgen en el centro del país no existen en México.
6) La regulación o legalización del sexo comercial individual (porque el empresarial está más que regulado, de otra manera no existirían miles de burdeles en el país), pasa por la transparencia en la postura y convicciones de quienes legislan. De allí que en varios países se pida que las y los legisladores que preparan una ley, expresen abiertamente su postura respecto al comercio sexual. Los argumentos a favor o en contra no pueden ser morales, deben ser éticos, pues somos un estado laico y las leyes deben reflejar ese hecho irrebatible.
7) Una ley contra la trata, en su abordaje frente al comercio sexual, debe estar directamente vinculada a programas educativos de empoderamiento de mujeres en contra de la violencia de género (para eso tenemos la Ley General). Los servicios de salud para mujeres (y LGTB) en esa industria no deben condicionarse bajo ningún motivo. Como este es un proceso social vivo, se necesita asegurar que los derechos de las mujeres no sean violados como resultado de una ley imperfecta y de un ejercicio de la ley que es sólo penalizador, persecutorio, y no transformador de fondo.
8) Es una necedad creer que se legisla para fortalecer instituciones que por un lado son sobrecontroladoras, hiperpolicales y maltratadoras, mientras por otro son ineficaces, opacas y discriminatorias. Las leyes que no se afianzan sobre modelos de ética y civilidad en un contexto de integración social son siempre ineficientes. Una ley no resuelve un problema a largo plazo. Se debe construir sobre estrategias y recursos que resuelvan los problemas de origen: léase sexismo, violencia de género, inequidad, etcétera. (Por ejemplo no pueden dejar a los refugios y fiscalías sin recursos y determinar que “alguien debe” atender integralmente a las víctimas).
9) Se debe integrar el tema migratorio en toda política pública que busquen abatir la trata de personas. Los diversos fenómenos migratorios, nacionales e internacionales, y la manera en que el Estado los aborda, representan eslabones fundamentales en el incremento de la victimización. La interconexión entre la migración, el tráfico de migrantes, la trata de personas, la delincuencia organizada y la esclavitud (que incluye la venta de adultos, niñas y niños) representa un reto para activistas, académicos/as y el Estado mismo.
10) Es un error desestimar el rol que juegan los servidores públicos, incluidos gobernantes y legisladores en el fortalecimiento, la promoción y el consumo directo de servicios que provee la industria de sexo comercial, que lo mismo maneja personas independientes que esclavas, dependiendo del mercado en que se enfoque. De allí que toda legislación en este tema deba recibir un particular escrutinio público, ya que existe evidencia documentada a lo largo de más de una década. Hemos de entender cómo esta cadena alimentaria de la economía criminal, debilita a las políticas sociales, ya que su intención es profundizar el disenso y promover la cultura de normalización y sometimiento a la esclavitud. Sin transparencia no podremos lograr el fortalecimiento de los derechos humanos y de las políticas de Seguridad Humana, con las cuales la sociedad entera interactuará para ser parte de la solución colectiva, creativa y efectiva contra la trata.
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