La deuda con Michoacán data de 2007, cuando el CISEN elaboró un informe sobre la penetración del narcotráfico en ese estado y no se hizo nada. Treinta y cuatro municipios –de 133 en total-, estaban en manos de Los Zetas y el cártel del Milenio, respaldados por la guardia pretoriana del Cártel de Sinaloa, los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva. El informe identificaba a 21 alcaldes, diputados locales y federales y regidores –algunos de ellos detenidos y liberados tiempo después en el caso conocido comoEl Michoacanazo-, 14 policías, un funcionario estatal, dos empresarios y un cura, como parte de la red de complicidades institucional.
El gobierno de Felipe Calderón no desconocía lo que pasaba en ese estado, el primero en donde inició lo que después definiría como la Guerra contra las Drogas. Sin embargo, al ser Calderón de Michoacán y el gobierno estatal perredista, la lucha quedó atrapada en la perversa dialéctica de la politización de la justicia y la judicialización de la política. En ese año La Familia Michoacana, devenida en Los Caballeros Templarios, no era sino el brazo operativo de Los Zetas que, no obstante, a través del adoctrinamiento en centros con orientación religiosa, fueron implantándose en la sociedad.
Lo que sí perfilaba aquel informe eran los liderazgos locales que hoy son estatales. Uno de los actuales jefes de los Templarios, Servando Martínez, “La Tuta”, tenía bajo su responsabilidad el puerto de Lázaro Cárdenas, por donde entraban los precursores químicos desde China e India, para producir metanfetaminas en los laboratorios de Jalisco y Michoacán. Por encima de él, a nivel regional, se encontraba Dionisio Loya Plancarte, El Tío, familiar político de Nazario Moreno González, el reputado líder de los michoacanos, cuya muerte anunciada en diciembre de 2010 por el entonces vocero del gobierno, Alejandro Poiré, ha sido puesta en duda.
La Tuta, quien adquirió una notoriedad injustificada en su momento por su tercer nivel jerárquico en de la organización, fue acosado en el gobierno de Calderón pero no fue capturado. Se fue del estado pero regresó con más fuerza para dirigir a los Templarios. Hoy, su nombre tiene una relevancia estratégica por la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de iniciar la toma de Michoacán, que apunta a cercar a un jefe del narco con vinculación al magisterio –fue normalista en Guerrero- como él, y con sólidas relaciones con políticos vinculados al gobierno perredista de Leonel Godoy.
Desde este lunes, la Marina controla la Capitanía del Puerto de Lázaro Cárdenas –que abarca la administración, operación y seguridad-, mientras el Ejército asumió al manejo policial en la ciudad y las carreteras que conectan con la ciudad. La situación en el Puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los más grandes del país, era insostenible. Los Caballeros Templarios, en el desdoblamiento criminal que han tenido los cárteles en los últimos seis años, habían impuesto un cobro a todas las mercancías legales que llegaran por ese puerto, y secuestraban al personal que no se sometiera. Con una decisión, el gobierno federal cortó de tajo una de sus principales fuentes de financiamiento. El impacto en las economías de Los Caballeros Templarios se va a notar de inmediato, pues centenares de miles de pesos en efectivo que recibían diariamente, dejaron de fluir desde este lunes. La reacción, por tanto, no puede ser salvo violenta.
Tácticamente, se pueden plantear dos escenarios para el gobierno federal. Moreno González, El Chayo, de acuerdo con personas que insisten que está vivo, está en una etapa de mesianismo en donde no opción salvo detenerlo o que muera en un enfrentamiento. Con la La Tuta sería diferente. Hay información no corroborada que podría estar pensando en entregarse. Este escenario abre la posibilidad que con la información que podría aportar, se rompa por completo la red de complicidades institucionales en Michoacán, convertido virtualmente en un narcoestado.
Si este escenario se materializara, sería el golpe más fuerte a la corrupción institucional. Pero hay que tener dos cosas claras. Una es que no existirá esa ventana de oportunidad hasta que La Tuta confirme, mediante su entrega, estar dispuesto a dar el paso. La otra es la inevitabilidad de mayor violencia al arrancar la toma de Michoacán y afectar las economías. Sin embargo, hay un horizonte de certidumbresi se mantienen las órdenes federales. Lo que empezó, concluirá con un Michoacán diferente al que se tiene hoy. De esto, hay que insistir, sólo y sólo sí, se mantiene la firmeza federal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.