MÉXICO, D.F. (apro).- Ahora que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretender dar la impresión de que ya logró controlar la situación en Michoacán con la legalización de los grupos de autodefensa ciudadana, existe otra parte del problema que ha sido evadida por las profundas complicaciones que tiene. Se trata de los vínculos de la clase política michoacana con las bandas del crimen organizado.
A lo largo de los últimos años ha habido muestras y denuncias de la vinculación de personajes políticos del PRI, PAN y PRD con la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios. Ninguna de estas acusaciones ha sido atendida. Cabe recordar ahora cuatro casos recientes y emblemáticos.
En junio de 2011, Luisa María Calderón, hermana del entonces presidente Felipe Calderón, se vio involucrada en el caso de José de Jesús Méndez Vargas, El Chango, quien fue detenido en Aguascalientes, acusado de ser uno de los líderes de los Templarios. Los hijos de ambos eran compañeros de escuela y ante la posibilidad de repercusiones en contra del sobrino del primer mandatario se dio una especie de protección a la familia del narcotraficante.
Este hecho tendría consecuencias en las elecciones a gobernador de Michoacán, pues a Cocoa, como se le conoce a María Luisa Calderón, fue amenazada por los Caballeros Templarios durante su campaña, lo mismo que varios de los candidatos a presidencias municipales del PAN. La hoy senadora acusó al candidato del PRI, Fausto Vallejo, de recibir favores de este grupo del crimen organizado.
Otro caso lo vemos en el PRD. En el 2009, como parte del operativo conocido popularmente como Michoacanazo salieron a la luz pública las relaciones de Julio César Godoy Toscano, medio hermano del entonces gobernador Leonel Godoy, con Servando Gómez, La Tuta, líder y fundador de los Caballeros Templarios.
Julio César Godoy fue electo diputado federal por el PRD y, escudado en el fuero, fue protegido y escondido por compañeros de su partido en el recinto legislativo de San Lázaro para que no fuera detenido por la policía federal, tras haberse comprobado sus vínculos con La Tuta, a quien le decía “Padrino”. El legislador perredista fue desaforado tras un juicio político, pero huyó y sigue prófugo.
Los dos casos más recientes son los del gobernador Fausto Vallejo y el secretario general de gobierno Jesús Reyna. Ambos del PRI.
El año pasado la senadora Calderón acusó directamente a Fausto Vallejo de haber entregado Michoacán a los Caballeros Templarios. Afirmó que el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el estado de Michoacán, Armando Ballinas Mayés, negoció el triunfo del gobernador con el crimen organizado. También participaron en esas negociaciones los funcionarios José Trinidad Martínez Pasalagua y Guillermo Valencia Reyes.
De acuerdo con la senadora panista, los tres funcionarios mencionados sostuvieron en noviembre de 2011 una reunión con los líderes de Los Templarios en el rancho Las Cruces, ubicado en el municipio michoacano de Tumbiscapio.
A esa misma reunión, en la que estuvo La Tuta, habría acudido Jesús Reyna, exgobernador interino y actual secretario de Gobierno. Las versiones que suenan en Michoacán dicen que la esposa de Jesús Reyna es cuñada de Servando Gómez, La Tuta.
Hay más casos de estas relaciones de los gobernantes michoacanos con el crimen organizado. Uno de ellos es el del presidente municipal de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, sobrino de Nazario Moreno, El Chayo, líder de los Caballeros Templarios, presuntamente muerto en 2010.
Los vínculos del crimen organizado con la clase política michoacana tienen profundas y extensas raíces y esto no está incluido en la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para pacificar el estado. Se trata de un descuido intencional que si no se atiende y se enfrenta, el conflicto en esta entidad no será resuelto pues ya no se trata de casos de corrupción sino de la unificación del poder del narco con el poder político y la construcción de un gobierno del crimen organizado.
Twitter: @GilOlmos
Leído en http://www.proceso.com.mx/?p=363583
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