Tiempos difíciles vienen para el Congreso. La borrachera legislativa de 2013 pasará factura. En el maratón legislativo en el que se inscribieron los senadores y los diputados corrieron demasiado aprisa en la primera mitad y se les olvidó que para que gane el México de las reformas hace falta el sprint final: las leyes secundarias.
La vara con que se medirá el desempeño del Congreso en el periodo que comienza el próximo sábado 1º de febrero quedó muy alta después de la frenética actividad legislativa del primer año y medio de la Legislatura en funciones. Pasadas las reformas constitucionales, el éxito estará en función de lo que se legisle de aquí en adelante sin contar, por supuesto, la fase de implementación que requiere la construcción de instituciones para poner en práctica las políticas públicas. Los tiempos que se autoimpusieron hacen casi imposible el cumplimiento.
Diputados y senadores aprobaron más de una centena de nuevas leyes o modificaciones a las existentes, además de 12 reformas que cambiaron 42 artículos de la Constitución. Algunos de ellos varias veces.
La mayoría de estas reformas constitucionales requieren de sus respectivas leyes reglamentarias y muchos de los plazos fijados por los propios legisladores para aprobarlas vencen en los próximos tres meses. Entre ellas figuran la Ley de Partidos, la Ley de Procedimientos Electorales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley para Regular la Propaganda de los Poderes Púbicos, Órganos Autónomos y Órdenes de Gobierno, las tres leyes que deberán regular la consulta popular, iniciativa ciudadana y candidaturas independientes (cuyo plazo venció el 30 de agosto de 2013), el conjunto de leyes y reglamentos que requiere la Reforma Energética (se habla de 26), las leyes en materia de telecomunicaciones (cuyo plazo venció el 9 de diciembre de 2013), la Ley Federal de Transparencia y la de Datos Personales.
A todas estas modificaciones del marco jurídico se agregan los compromisos adquiridos por los partidos y el Presidente de aprobar otras iniciativas como el organismo anticorrupción, el fuero de los legisladores, la ley de que regula el uso de la fuerza pública, la pensión universal, la reforma del DF o la cédula de identidad ciudadana, entre muchas otras.
La realidad es que no habrá tiempo para sacar adelante ni siquiera las iniciativas que marcan los artículos transitorios de las reformas constitucionales y que tienen fechas perentorias. Dependiendo del cálculo que se haga, estamos hablando de 50 leyes o más.
Pero no se trata solamente de una cuestión cuantitativa. En la formulación de estas leyes, en su contenido y calidad, se juega el futuro de las reformas constitucionales pero también de las relaciones entre el Ejecutivo y la oposición.
Al Ejecutivo le urgen las leyes secundarias porque sin ellas el potencial de transformación de las reformas constitucionales es nulo. En su árbol de decisiones el Presidente y el PRI tienen dos opciones: negociar o legislar en solitario. La mayoría para pasar cualquier ley reglamentaria está prácticamente asegurada. Con sus aliados del PVEM y el Panal suman 251 diputados; en el Senado les faltan tres votos. La pregunta es si el PRI apostará por esta segunda opción arriesgando a que se le tilde, con o sin razón, de aplanadora, excluyente o autoritario. También deberá decidir si se conforma con una alianza con el PAN, más afín a su proyecto en casi todas las materias, o quiere al menos a parte del PRD en el tren de los acuerdos, aunque eso suponga retrasar o modificar sus preferencias.
Los partidos de oposición y sus grupos parlamentarios también tienen de a dos: negociar a cambio de que se tomen en cuenta sus prioridades y vigilar que las leyes secundarias no se aparten del espíritu de la Constitución, dejando amplios márgenes de discrecionalidad, cuando no arbitrariedad, al Ejecutivo o aislar al PRI arriesgando a que se lleve todo el mérito o sea el único culpable del fracaso.
Atendiendo al comportamiento de los partidos y el Presidente en el pasado reciente, lo más probable es que se opte por la negociación. Aun las corrientes radicales dentro del PRD han dicho que participarán en la discusión y elaboración de las leyes energéticas. El problema es con qué criterio se establecerán las prioridades y los contenidos. Cuando de decisiones colectivas se trata, la decisión más importante es hasta dónde se está dispuesto a llegar.
Si la Reforma Energética sigue siendo la prioridad de la presente administración, la oposición tiene la oportunidad de exigir que se tomen en cuenta sus posiciones y sus preferencias en otras materias. Pero no se puede legislar en tantas materias tan trascendentes como las telecomunicaciones, los hidrocarburos, la corrupción, lo electoral, lo penal o lo financiero con prisas y sin el cuidado técnico necesario. Las reformas se hacen una sola vez, pero sus consecuencias se quedan por largo tiempo.
*Investigador del CIDE
Twitter: @amparocasar
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