Ya no es novedad que el Ejecutivo tiene alineadas dos iniciativas preferentes: la primera, que será enviada a diputados como Cámara de origen, correspondiente a la legislación secundaria de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión -aglutinada en un solo cuerpo legal-; y la segunda, que será turnada al Senado de la República para su debate inicial con relación a la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica.
Estas leyes debieron ser discutidas, modificadas y aprobadas por el Congreso de la Unión antes del 9 de diciembre del año pasado, de acuerdo a lo dispuesto por el decreto de reformas constitucionales aprobado y publicado el 11 de junio del año pasado; pero, como todos sabemos, los plazos constitucionales no aplican a los legisladores, así que el término expiró sin que se aprobasen.
Pero el citado decreto también previó disposiciones que sí fueron cumplidas en tiempo y forma, como la integración por el Senado del pleno de las dos agencias regulatorias autónomas el 10 de septiembre de 2013, fecha en que inició el conteo retroactivo para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ejecute acciones que nadie antes se atrevió a ejercer, pero que, de ser incumplidas, son causales de remoción de los comisionados.
Así, antes del 9 de marzo próximo el Instituto deberá publicar las bases y convocatorias para licitar dos nuevas cadenas nacionales de televisión comercial abierta. Y, por si fuera poco, a más tardar entonces tendrá que identificar a los "agentes económicos preponderantes" en los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, e imponer las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia, y con ello, a los usuarios finales, entre las que se encuentran las relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.
Disculpen la obviedad: tanto la licitación de nuevas cadenas de televisión comercial, como el etiquetamiento de "agentes económicos preponderantes" distan de ser peccata minuta para América Móvil -grupo controlador de
Telmex y Telcel-; y Grupo Televisa y sus subsidiarias en los mercados de televisión de paga y en la producción, distribución y venta de contenidos. En consecuencia, las decisiones que al respecto el IFT se atreva a adoptar tienen el potencial de revolucionar de cabo a rabo a este sector que, por décadas, ha sido explotado por apenas dos grupos, pero no dos grupos cualquiera, sino uno que hizo al hombre más rico del mundo, y otro que le confiere a una sola persona el poder de controlar los medios electrónicos de comunicación masiva del país, y con ello la opinión de la población, y por ende a sus políticos. Entonces, ¿cómo dejar decisiones de tal trascendencia en apenas los siete individuos que conforman el pleno del IFT?
Este es el primer vaticinio: la iniciativa presidencial preferente vendrá tamizada por los grupos de poder con estrategias diseñadas por decenas de abogados para desactivar los preceptos más letales a sus intereses. En menos de 30 días, los 251 votos del PRI y sus aliados, el PVE y NA, bastarán para su aprobación y entonces pasará al Senado, en donde -si bien apenas cuentan nominalmente con 62 de los 65 votos necesarios- negociarán lo indecible: la ausencia, la abstención o el voto, pero finalmente se aprobará una ley. Una que pueda ser objeto de acción de inconstitucionalidad para repetir la historia.
pcarpinteyro@gmail.com
Leído en http://educacioncontracorriente.org/secciones/popinion/19658-augurios
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