La gran pregunta es si después de que el Pacto por México se convirtió en un icono de negociación y evolución democrática, se necesitaba de un abogado defensor como el senador Javier Lozano para sacar adelante la ley secundaria en materia de telecomunicaciones.
La respuesta es obvia: evidentemente no se trata del mejor embajador. Tal vez Lozano sea útil en otras circunstancias, pero no cuando lo que sobran son pretextos y conflictos dentro del PAN y el PRD para paralizar la actividad legislativa en perjuicio del gobierno y de la nación misma.
¿Qué ha logrado, durante la última semana, el presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República? Que la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal sea cada vez más golpeada por la oposición. Exhibida como una propuesta que vulnera la Constitución para, según palabras de panistas y perredistas, “beneficiar a las televisoras.”
La estridencia y el estilo golpeador natural en Lozano ha logrado sembrar tormentas y crear escenarios propicios para que PAN y PRD destruyan lo que pudo construirse durante el Pacto por México. Entre otras cosas, la imagen de un gobierno democrático que, a diferencia de lo que sucedió con Vicente Fox y Felipe Calderón, supo convencer a las partes para remontar las mezquindades y llegar a acuerdos de alcance nacional.
La discusión sobre las leyes secundarias en telecomunicaciones tendría que haber sido de otra manera. La importancia de esa ley es crucial no sólo para la inversión sino para la transformación de la conciencia colectiva. Hay capítulos en los que partidos, gobierno y sociedad necesitan avanzar, crecer, progresar. Es el caso, por ejemplo, de la supuesta censura a Internet y a la libertad de expresión.
La guerra caníbal que hoy vive el PAN, producto de su contienda interna, la pulverización de las fracciones de izquierda, aunadas al protagonismo perturbador de Lozano, impidió que, en un ejercicio plural y sereno, se hiciera un análisis a fondo sobre los costos y beneficios que tiene la llamada libertad de expresión.
Las condiciones han sido propicias para que más de uno pretenda aparecer como héroe —o heroína— de las libertades informativas. La presidenta del PAN, Cecilia Romero, salió a decir que su partido “defenderá por encima de todo la libertad de expresión de los mexicanos” y que no tolerará que un partido como el PRI venga a reeditar prácticas autoritarias del pasado.
El tema también dio, obviamente, para, desde los subterráneos, promover un movimiento que hiciera aparecer a los jóvenes como las principales víctimas —otra vez el 68— de un régimen dictatorial.
Un examen serio tendría que remitir obligadamente a los legisladores al caso de Florence Cassez. ¿Cómo evitar que una televisora vuelva a actuar en complicidad con un Genaro García Luna para construir un montaje? ¿Acaso un medio de comunicación, por más poderoso que sea, tiene derecho, en aras de la libertad de expresión, a producir contenidos ex profeso para violar los derechos humanos y la ley?
Aunque el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, salió a aclarar que el artículo que se refiere al bloqueo de señales de comunicación no busca censurar la libertad de navegación en Internet, sino impedir que la delincuencia utilice las redes sociales para cometer actos ilícitos, no hubo la atmósfera política adecuada para insistir en un aspecto que hoy es estratégico para un país acosado por el crimen organizado.
Lozano no es el mejor embajador y tampoco, claro está, es el único responsable de la parálisis legislativa. Sin embargo, para mala fortuna de él, viene a sintetizar el error. Algo no se está haciendo correctamente. Tampoco se están interpretando los signos de los nuevos tiempos: los mexicanos quieren un país diferente y no hay que defraudar la fe que han puesto en la posibilidad de un cambio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.