La reforma a la ley de telecomunicaciones aprobada por el Congreso despertó fundadas esperanzas de terminar con el duopolio televisivo, estimular la competencia y, sobre todo, garantizar contenidos de interés público, ciudadano y comunitario.
Por desgracia, la iniciativa que el presidente Peña Nieto envió al Senado para convertir el proyecto en ley representa un terrible retroceso, no sólo respecto a los cambios propuestos, sino a lo que ya había. La iniciativa parece redactada por los propios dueños de los medios. Los derechos de los usuarios se evaporan en el éter.
Para protegerse del interés público, la propuesta fue escrita en un lenguaje macarrónico, lleno de tecnicismos. De modo paradójico, carecemos de un lenguaje común para hablar de comunicación. Trataré de traducir algunos aspectos de este tema esencial.
Desde hace años, el panista Javier Corral se ha significado por defender a los ciudadanos de los abusos de las televisoras. El miércoles pasado convocó a una reunión en el Museo Trotsky en la que ocho expertos hablaron de la inconstitucionalidad de la iniciativa de Peña Nieto y del carácter regresivo que tiene para México.
Resumo algunos de sus argumentos. Por principio de cuentas, se vulnera el derecho a la información. El artículo 1 de la Constitución garantiza que lo ya conquistado en materia de derechos no tenga retrocesos. La iniciativa de Peña Nieto pretende esta involución.
A diferencia de lo que ocurría en el proyecto de reforma inicialmente aprobado, ahora apenas se habla de contenidos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones pierde importancia. El control de los medios deja de ser autónomo y recae en la Secretaría de Gobernación. Este diseño autoritario somete la información al criterio del Ejecutivo.
La defensa del usuario y las posibles sanciones al respecto se convierten en facultad de las empresas. Además, se renuncia a que un monto de las ganancias regrese al sector en forma de producción independiente (incluyendo la de noticieros).
En la iniciativa de Peña Nieto predomina el interés del mercado, pero favorece claramente a un sector. Carlos Slim, que se convirtió en el hombre más rico del mundo al usufructuar la telefonía en forma monopólica, no es un ejemplo de filantropía. Sin embargo, la ley le niega los beneficios que concede a las televisoras. Esto se debe a que la iniciativa no distingue a los empresarios según los servicios que ponen en venta (radio, telefonía, televisión abierta, televisión por cable, internet), sino que los reduce a dos sectores (telecomunicaciones y radiodifusión). El empresario preponderante en un sector queda bloqueado en el otro. Según la iniciativa, Telmex es preponderante en telecomunicaciones, pero Televisa no lo es en radiodifusión (aunque, por ejemplo, tenga el 61% de la televisión de paga). Esta arbitrariedad protege a una empresa y lesiona a otra.
La libre competencia no se garantiza y, en cambio, se discrimina y bloquea a los usuarios. Tomemos el caso de internet. En el mundo según Peña Nieto, los concesionarios podrán bloquear contenidos y registrar las comunicaciones. La retención de datos personales es una invasión de la privacidad que ya ha sido sancionada en Alemania y que próximamente lo será en toda la Unión Europea. ¿Podemos aceptar esta versión del Gran Hermano digital?
Pasemos a la participación pública. De acuerdo con la iniciativa, los tiempos del Estado serán de “hasta 30 minutos”, lo cual significa que podrían durar unos segundos. Para colmo, el telemarketing no es considerado como publicidad. El Estado pierde injerencia y los anunciantes la ganan.
¿Qué hará el Senado con la iniciativa? Aprobarla en fast-track sería una ofensa a la ciudadanía. Como su nombre lo indica, un parlamento tiene la obligación de discutir. Hasta ahora, los senadores han escuchado básicamente a los concesionarios y resulta asombroso que no tengan previsto oír a los comisionados del Ifetel, “órgano garante” de las telecomunicaciones.
¿Se limpiarán los aspectos más orwellianos de la iniciativa, quitándole facultades de vigilancia a Gobernación para que la ley parezca “democrática”? Eso no sería suficiente.
La Constitución se está vaciando de contenido normativo y el futuro de la comunicación está en entredicho. De no rectificar en su empeño de favorecer a Televisa por encima de los ciudadanos, Peña Nieto, que fue creado por la televisión, podría verse apagado por la televisión.
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