Para nadie es un secreto que en el complicado y complejo territorio del Estado de México hay una sangrienta disputa entre cuatro cárteles del narcotráfico: Los Caballeros Templarios, los restos de La Familia Michoacana, los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación, vinculado al poderoso consorcio sinaloense que dirige aún Joaquín El Chapo Guzmán.
Tampoco es un secreto que la ola delictiva se ha incrementado en los últimos meses, en especial, en aquellos municipios conurbados al Distrito Federal: Nezahualcóyotl, Ecatepec, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes la Paz, Chimalhuacán y, sobre todo, Toluca.
Un conteo del periódico Reforma, entre el 29 de agosto de 2013 y 28 de febrero de 2014 registró 273 ejecuciones violentas en la entidad. Tan sólo en 2013 la pugna entre los cárteles y sus ramificaciones de corrupción cobró la vida a 2 mil 221 personas. Tan sólo entre enero y febrero de 2014 se contabilizaron 128 ejecuciones, el bimestre más violento desde 2008, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los índices de secuestros, de extorsión, de robos a casas-domicilio y de pago por “derecho de piso” (práctica común en todos estos cárteles) se dispararon en estos dos meses. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y febrero 2014, se registraron 262 casos de extorsión y 37 secuestros.
Cualquier mexiquense que habite en las inmediaciones del Distrito Federal saben que cruzar la frontera capitalina es ingresar a un territorio donde son comunes los “operativos” falsos, realizados por grupos delictivos disfrazados de policías, militares o simplemente sicarios.
Lo que no se dice es que detrás de esta pugna entre cárteles del crimen organizado existe otra guerra más dura: la disputa entre los cárteles políticos que dominan el Estado de México y han colocado al mandatario estatal Eruviel Avila en el peor momento de su gestión.
“Se ha vuelto insostenible Eruviel Avila”, es la frase que comúnmente se escucha entre los grillos mexiquenses, pero también en los pasillos del gobierno federal, cuyo grupo compacto –el peñista- está alterado y enojado con la situación en su epicentro de poder.
La guerra entre los cárteles políticos motivó la intervención del gobierno federal, el pasado 31 de marzo, para imponer al tercer secretario de Seguridad Ciudadana desde 2012. Primero fue Salvador Neme, el tabasqueño-socio de Peña Nieto que le heredaron a Eruviel Avila. Su papel fue desastroso. Después llegó Rocío Alonso, a quien las redes de corrupción policiaca e ineficacia del gobierno eruvielista lo comieron. Ahora, el secretario de Gobernación, el hidalguense Miguel Angel Osorio Chong nombró a uno de sus colaboradores, Damián Canales, como una especie de “virrey” policiaco en el Estado de México.
Así como Peña mandó a Alfredo Castillo Cervantes –ex procurador mexiquense que no pudo con Eruviel Avila- a Michoacán, ahora Osorio Chong salió con una carta del grupo hidalguense para hacer una labor de emergencia en una situación de crisis.
En medio de estos reacomodos, Eruviel Avila sólo opera para su imagen pública. Destina millones de recursos del erario para “maquillar” algo que todos saben está podrido. Se promociona en la televisión, paga inserciones en prácticamente toda la prensa, compra plumas (que aparecen en ese horroroso sistema de televisión pública mexiquense que está peor que una televisión estalinista), financia cibersitios y manda a comprar ejemplares de revistas, como Proceso, que simplemente hacen el recuento de lo que todos viven y padecen.
Avila pretende maquillar lo que es un desastre imparable. Su diagnóstico es el típico de un mandatario sin capacidad de asumir el desafío: se trata de “violencia temporal” provocada por los cárteles “provenientes de Michoacán”. En otras palabras, no es algo estructural ni heredado y oculta públicamente que el reparto territorial de los cárteles se realizó desde el gobierno de Peña Nieto, cuando él fue alcalde de Ecatepec, el municipio más poblado y con más altos índices de seguridad ahora.
La disputa de los cárteles políticos mexiquenses está consumiendo a Eruviel Avila, pero, sobre todo, es una bomba de tiempo para los más de 15 millones de habitantes de esta entidad que se convierten en espectadores vulnerables de estas guerras soterradas.
Los tres nombres que se manejan como posibles sustitutos de Eruviel dan una idea de quiénes son estos cárteles: Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobernación, brazo derecho de Peña Nieto y el gobernador de facto durante la etapa del ascenso peñista; Ernesto Nemer, subsecretario de Desarrollo Social, operador de Emilio Chuayfett, político con amplio respaldo en Toluca y ex contendiente interno de Eruviel en 2011; y la senadora Ana Lilia Herrera, cuya carrera está muy vinculada al ex gobernador Arturo Montiel, quien ya “retornó” a eventos públicos para hacer sentir su poder.
Estos tres pueden ser los sustitutos de Eruviel Avila si Los Pinos deciden un “ascenso” del mandatario mexiquense en el gabinete federal como se especula.
Sin embargo, el verdadero “tapado” en esta disputa de cárteles políticos, tiene otro nombre y representa a la verdadera dinastía de Atlacomulco: Alfredo del Mazo, el joven nieto e hijo de gobernadores que tuvo que ceder a sus aspiraciones ante el desplante de Eruviel Avila y el Valle de México en 2011.
Pueden haber otras actores secundarios en esta disputa. Hay multimillonarios fondos para la seguridad pública como botín (8, 257 millones de pesos para 2014). Lo fundamental es que la guerra de cárteles del crimen y de cárteles políticos se ha entrecruzado en el peor momento del Estado de México.
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