El próximo 15 de junio los colombianos irán a la segunda vuelta electoral para elegir su primer mandatario y el punto más álgido en el debate es el trato que habrá de darse a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC.
Aunque en los últimos años este nación hermana ha reducido el secuestro en 93 por ciento% y el número de homicidios es el más bajo de las últimas tres décadas, además de disfrutar un nivel de crecimiento económico de 5 por ciento anual, la preocupación por la violencia sigue siendo comprensible en un país que ha sido golpeado por un conflicto interno de más de medio siglo de duración y que ha dejado alrededor de 220 mil muertes (lo cual equivaldría aproximadamente a erradicar toda la población de una ciudad como La Paz, Baja California Sur).
Paradójicamente, el candidato que más prerrogativas busca dar a los guerrilleros a cambio de que depongan las armas es Juan Manuel Santos, quien como ministro de defensa les asestó varios de los más duros golpes de su historia. Incluso su rival lo ha criticado afirmando que Santos podría permitir que las FARC se incorporen a la vida política sin previo castigo, dejando en la impunidad sus crímenes.
La destacada politóloga Marcela Prieto afirmó también que “Las FARC siguen definiendo que el vencedor en las elecciones presidenciales. Este proceso de paz con Santos les conviene”.
Envalentonados, los miembros de la guerrilla más antigua del continente americano, quienes alguna vez secuestraron y asesinaron al pueblo colombiano, hoy no solo piden amnistía sino también escaños en el parlamento.
Pensemos ahora en el panorama nacional. Si consideramos que las FARC aunque han tenido hasta el doble de efectivos hoy cuentan con unos 8 mil hombres y en nuestro país los grupos de autodefensa han sido contabilizados en unos 10 mil, vemos el peso que pueden llegar grupos organizados de manera paramilitar. 10 mil votos poco pesan en el ajedrez político nacional, 10 hombres con “cuernos de chivo” se hacen escuchar mucho, pero mucho más.
Ciertamente, las motivaciones de las autodefensas mexicanas parecen calcadas al papel carbón de las que hicieron surgir a las FARC, por lo que no podemos descartar que hacia allá avancen estos grupos que han tomado tanta fuerza, especialmente en Guerrero y Michoacán.
Es precisamente por ello que hay que asegurar que los procesos de pacificación sean efectivos; muy especialmente, se debe garantizar que no sigan manteniendo estructuras de comunicación, vocería y mando, al margen de las que les imponga su incorporación al Estado.
De mantenerse vertebrados, estos grupos incrementarán su poder político y en unos años leeremos en la prensa, con similar pena a la que hoy sienten nuestros hermanos colombianos, “el fantasma de las autodefensas se impone en las elecciones de México”.
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