Es sabido que Moreno Valle, perteneciente al Partido Acción Nacional, (PAN), aspira a la presidencia de la república en el 2018 y no es descabellado pensar que pretende ganar la simpatía de los sectores duros al proponer medidas tan radicales y absurdas. Pero, ¿quién va a definir el criterio para señalar cuál protesta social amerita ser o no reprimida con armas? ¿Las usarán contra indígenas, mujeres, trabajadores y activistas del movimiento lésbico-gay o sólo contra adversarios políticos?
La legislación fue aprobada el lunes pasado, sin el debate previo, ni el rigor, ni análisis que exige toda iniciativa que pretenda ser plural y benéfica para la sociedad. Simplemente el documento llegó al pleno y los diputados del PAN y PRI alzaron la mano y 35 votaron a favor, sólo hubo 5 votos en contra del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y del Partido Verde.
La iniciativa, la “Ley Bala”, se aplicará “en protestas públicas de carácter violento, cuando se presenten actos vandálicos, órdenes de aprehensión y rapiña en desastres naturales”. En el caso de registrar manifestaciones violentas, “la policía deberá hacer uso gradual de la fuerza para el sometimiento de personas a través de porras, químicos irritantes, dispositivos eléctricos de control, pistolas noqueadoras y cuando exista riesgo a la vida se autoriza el uso de las armas de fuego”. Así, los policías podrán actuar “a juicio propio” para prevenir las conductas ilícitas.
Depositar en los elementos policíacos la decisión es motivo de polémica. Para la abogada Adriana Leonel de Cervantes la nueva ley viola, de inicio, el artículo 1 de la constitución mexicana que garantiza los derechos humanos y otros artículos, como el sexto que protegen la libre expresión de las ideas, “además tratados internacionales firmados por México y no hay que olvidar que se puede apelar y revertir, es decir, se puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra esa legislación local.” La ley también violenta los artículos primero y el trece de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Sin duda, la mayoría de panistas están de acuerdo en el uso de la fuerza pública para contener la violencia ya que pueden presentarse saqueos y ataques a las vías de comunicación o contra inmuebles que le pertenecen a la nación, pero el uso de armas causa controversia aún en el seno de ese partido político. El exdiputado del partido conservador, Miguel Ángel Toscano, admite que no todos sus correligionarios piensan lo mismo y asegura que en algunas ocasiones sí es indispensable la intervención de la fuerza pública con chorros de agua tal como ocurre en la reuniones de líderes mundiales en Davos.
A decir del diputado del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Vidal Llerenas, se pueden usar toletes, chorros de agua, pero no armas de fuego porque ello pone en peligro a la población, “hay protocolos de seguridad en el uso de la fuerza y esa ley no se necesita en Puebla porque además la policía puede cometer abusos y esa entidad no vive ni de lejos lo que experimenta la población en otros estados como Michoacán donde los narcos controlan esa zona del pacífico mexicano.”
Luego entonces, si las protestas sociales en Puebla no son violentas ¿por qué el gobernador Rafael Moreno Valle la propuso? Todo este escenario me lleva a concluir que la “imagen” de un mandatario de mano dura, con el coraje y valor para jalar el gatillo contra las voces disidentes vende y vende mucho porque el objetivo es ganar la simpatía de los sectores duros y conservadores. Si el objetivo del gobernador es disparar a dos pájaros de un solo tiro lo ha logrado. Su estrategia populista e irresponsable busca llamar al atención nacional y, al mismo tiempo, es un freno para contener a los sectores sociales.
Puebla está en el ojo del huracán con la construcción de una termoeléctrica pendiente que podría generar el rechazo social y no es el único lugar porque también en Chiapas, cuna de la rebelión zapatista de 1994, ya se aprobó una ley semejante el pasado 16 de mayo, lo mismo en el estado de Quintana Roo donde se ubica el paradisiaco polo turístico de Cancún. El pasado 1 de diciembre del 2012, el gobierno federal y el de la Ciudad de México se vieron involucrados en acciones represoras que terminaron con un inconforme gravemente herido al perder su ojo a causa de una bala de goma proveniente de los uniformados.
Los acciones de los inconformes fueron muy violentas, incluso, los convocantes se deslindaron de los civiles que llegaron encapuchados y otros más con los rostros cubiertos con paliacates a romper vidrios y pillar comercios. Sin duda, a los gobiernos les cuesta muy caro dar semejantes órdenes porque hasta para reprimir hay niveles de violencia.
Por lo pronto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya advirtió que evalúa interceder a través de una “acción de inconstitucionalidad”, no una controversia constitucional como aparece en algunos diarios de circulación nacional. Las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la contradicción entre una norma de carácter general y la Carta Magna, tal es el caso, ya que la Cámara de Diputados de Puebla no puede estar por encima de la Constitución Federal. La CNDH sólo tiene 30 días para hacerlo.
Un telegrama, que se le atribuye al presidente Porfirio Díaz poco antes de diciembre de 1880, ordenó a Luis Mier y Terán, el entonces gobernador de Veracruz, optar por las balas contra los seguidores del aspirante a la silla presidencial, Sebastián Lerdo de Tejada, acusados de conspiración. “Mátalos en caliente”, escribió el general que luchó contra los franceses al lado de Benito Juárez para crear un estado-nación: México.
*Mariana Escobedo es productora en México de Aljazeera en árabe, directora deelportaltv.net y reportera de investigación especial en Canal 22 y TV Educativa.
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