El grave daño causado al ecosistema del río, en un estado donde escasea el agua, sumado a las afectaciones a la salud de pobladores de varios municipios y al ganado, desató un fuerte malestar social a nivel local y nacional, que se agravó por la tibia actuación de las autoridades federales de la Profepa y la Semarnat, que redujeron el caso al pago de una multa de 40 millones de pesos para el consorcio minero Grupo México, cuyas utilidades anuales superan los miles de millones de dólares.
Todo ese malestar se convirtió primero en presión social y ahora se ha tornado en un tema político. Con el antecedente de la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, cuyo manejo insensible y la impunidad tolerada desde los gobiernos estatal y federal fue una de las causas que provocó hace cinco años la derrota del PRI en la gubernatura del estado, el problema de la contaminación del Río Sonora ha encendido los focos rojos en la clase política, tanto del PRI como del PAN, que ha comenzado a advertir el riesgo que representa el permitir la impunidad en este desastre.
Por parte del PAN, el gobierno del estado se tardó en reaccionar, pero ha comenzado a endurecer su posición y ya habla de sanciones locales al Grupo México y a su mina Buenavista, mientras que en el gobierno federal y en el PRI también han reaccionado ante el riesgo de repetir el gravísimo error que cometieron en el 2005 con la muerte de los 49 niños que fallecieron en un incendio.
Del lado del PRI la presión inició cuando, desde la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones se quejó con el gobierno federal de que no se estaba dando la dimensión real al problema de la contaminación por el derrame de un tren de Grupo México. El presidente de la Junta de Coordinación de San Lázaro y ex gobernador de Sonora advirtió de los riesgos que un mal tratamiento del caso o una actuación débil de las autoridades federales pudieran tener en el ánimo de la sociedad y el electorado sonorense, justo cuando el priismo tiene posibilidades de recuperar el estado tras la desastrosa administración del panista Guillermo Padrés.
La voz de Beltrones aparentemente fue escuchada y en el gobierno federal comenzaron a hablar de que el caso no se cerraba con la aplicación de la multa y que no se descarta otro tipo de sanción que podría llegar a la clausura. Pero Manlio Fabio también inició una operación política desde San Lázaro, donde se formó una Comisión Especial de Diputados, presidida por el beltronista Marco Antonio Bernal, que ayer se trasladó a Sonora y recorrió las áreas afectadas por el derrame.
Y en su recorrido, que incluyó sobrevuelos y reuniones con delegados de Conagua, Semarnat y Profepa, además de directivos de la Mina Buenavista, los diputados federales denunciaron “varias irregularidades e incumplimientos por parte de Grupo México” y adelantaron que elaboraran un informe encaminado a pedir la cancelación de la concesión al consorcio minero.
Mientras tanto, el gobierno panista de Guillermo Padrés también endureció las medidas para que Grupo México pague los daños causados a la población afectada y, sabiendo que su actuación está bajo la lupa, comenzó también una operación política consistente en el envío de agua en tinacos, apoyos económicos a pobladores y agricultores y brigadas de limpieza a los municipios afectados.
La reacción de Grupo México no se hizo esperar y ante la presión política que amenaza su concesión, el martes pagó sendos desplegados en la prensa nacional “felicitando” al presidente Enrique Peña Nieto con motivo de su II Informe de Gobierno.
Así, el grave deterioro ambiental en Sonora, provocado por la irresponsabilidad de un poderoso grupo minero, amenaza con tornarse en un grave deterioro político que podría inclinar la balanza en julio del 2015.
Leído en http://www.24-horas.mx/serpientes-operacion-sonora/
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.