Por mucho menos de lo que pasó en Iguala el gobierno de Enrique Peña
Nieto intervino este año en otros tres estados de la República. En
Michoacán, en enero, cuando parecía inminente e inevitable un
enfrentamiento armado entre Caballeros Templarios y las autodefensas,
Miguel Ángel Osorio Chong salió a anunciar el envío de tropas y la
creación de la figura del comisionado. En Tamaulipas, en mayo, luego de
las manifestaciones de ciudadanos en Tampico, el gobierno federal
anunció una nueva estrategia para desarticular a las organizaciones
delictivas, sellar las rutas de los tráficos de personas, armas y
sustancias, y depurar a las policías y a la procuraduría para volverlas
“eficientes y confiables”. En el Estado de México, en abril y mayo, y
luego de un inicio de año muy violento con un significativo aumento de
las ejecuciones en la zona conurbada de la ciudad de México (Cuautitlán
Izcalli), se rediseñó desde el centro el gabinete de Eruviel Ávila. En
unos días cambiaron al secretario de Seguridad Pública, al procurador y
al secretario General de Gobierno.
¿Y en Guerrero? 43 estudiantes desparecidos; seis muertos, 25 heridos;
una fosa con 28 cadáveres; un alcalde fugado; un diputado asesinado;
cinco muertos cada fin de semana en Acapulco; la policía del puerto
acuartelada porque no pasaron los exámenes y no hay cómo liquidarlos;
bloqueos constantes de la autopista. Además de las sobradas evidencias
de colusión entre autoridades y criminales. La respuesta del gobierno
federal: que los hechos de Iguala no quedarán impunes y el anuncio de
que el procurador General de la República en persona se encargará del
asunto. ¿Y el resto? ¿Por qué Guerrero no merece una intervención más
general?
Lo ocurrido en Iguala indigna y horroriza, pero lo peor es que no se
trata de un hecho aislado. No por que existan otros casos iguales sino
porque las condiciones que llevaron a esta tragedia se dan en otros
lugares de Guerrero. Autoridades municipales coludidas, controladas o
que son parte de la estructura de los grupos criminales, falta total de
controles por parte del Estado y de la Federación, disputas entre grupos
criminales, y la impunidad garantizada que a su vez genera caciques
imbuidos de soberbia y frivolidad.
Entonces ¿por qué limitarse al caso Iguala? Lo que pasa en todo Guerrero
provoca indignación. Algunas preguntas e hipótesis:
¿Porque no está gobernado por un priísta? Pero el PRD ya salió a decir
que apoyaría cualquier intervención del gobierno federal, incluso la
creación de un comisionado.
¿Porque en Guerrero las autoridades estatales y municipales están
coludidas con criminales? Peor que en Michoacán no podrá ser. Ahí ya
vimos al secretario General de Gobierno y al hijo del gobernador con La
Tuta.
¿Porque no hay con quién aliarse en Guerrero? Cierto que en Michoacán
parte de la sociedad, las autodefensas, pedían la intervención y se
aliaron con el gobierno federal. Pero en Tamaulipas ese apoyo no existe,
muchos empresarios se fueron a Nuevo León o al sur de EU.
¿No hay elementos del Ejército, la Marina y la policías federales
suficientes para hacer cuatro intervenciones?
¿No hay dinero? En Michoacán no tienen ni para pagar los sueldos de los
que enviaron al rescate.
¿No piensan que sea posible arreglar Guerrero? ¿La mezcla de debilidad
extrema de las estructuras del gobierno local, grupos guerrilleros,
policías rurales, autodefensas, organizaciones sindicales radicales,
corrupción generalizada, un entorno de enorme pobreza y una larga
tradición antigubernamental hacen de Guerrero una misión imposible?
No conozco la respuesta. Es un hecho que el gobierno federal esta
reaccionando en este caso de manera distinta a como lo venía haciendo. Y
lo es también de que este abandono no augura nada bueno para Guerrero.
/* Título inspirado en la columna ‘Que se joda Oaxaca’, escrita por Ciro
Gómez Leyva en ‘Milenio’ en 2006/
Fuente: http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/10/109155.php
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