Juan Diego Quesada - Camino a la muerte

El Camino Real de Iguala, una vereda de tierra y piedras con casitas humildes a los lados, se estrecha hasta hacer imposible el paso de los coches. A partir de ahí hay que abrirse camino a machetazos; se dice en el lugar que hasta los perros llevan un machete encima. Esta es la senda —una hora a pie monte arriba— que conduce al cerro de Pueblo Viejo, donde las autoridades mexicanas encontraron 28 cadáveres calcinados. Lo que queda de la matanza que tiene en vilo a México es un cinturón, un sombrero de paja colgado en la rama de un árbol, unos pantalones de mujer y algunos restos óseos que el servicio forense parece haberse olvidado. Se trata de un lugar apartado, semiselvático, casi inaccesible: territorio con el sello del narco.

 

 

 

 

 

 

 

La reconstrucción que los investigadores están haciendo del caso sitúa en el principio de este camino a la muerte de los estudiantes de magisterio desaparecidos hace más de una semana. La policía municipal, según esta versión ofrecida por sicarios y agentes detenidos, detuvo a los jóvenes después de reventar un acto de la mujer del alcalde de Iguala (de unos 140.000 habitantes) y tras secuestrar unos autobuses con los que pretendían desplazarse. En un primer tiroteo por las calles de la ciudad mataron a dos de los estudiantes. El resto, en un número todavía por determinar, fueron trasladados al patio de la comisaría y allí supuestamente entregados a unos sicarios de un cartel llamado Guerrero Unido. Los narcotraficantes estaban molestos por la intromisión en su territorio de estos chicos, de entre 19 y 23 años, a los que consideraban unos alborotadores.

"Los asesinos tuvieron que llegar hasta esta bifurcación en camionetas y trasladar a las víctimas a pie. No hay de otra", dice un guía en las faldas del cerro. El camino escarpado de unos dos metros de ancho, rodeado de espesa vegetación y lianas que hay que esquivar, comienza a estrecharse tras 20 minutos de caminata. A partir de ese momento, solo se puede ir en fila india. "Ya podemos oler la putrefacción", añade un miembro de la comitiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que inició este lunes la ascensión hasta las fosas. Los servicios de rescate han dejado a su paso mascarillas, botas y cubrebocas tirados en el suelo. El último tramo que lleva hasta la zona donde se encontraron los cadáveres es especialmente empinado y desde ahí ya se puede observar la cinta amarilla de la policía: "Precaución".

Las fosas se encuentran en medio del cerro, en una hendidura oculta tras los árboles. La maleza, las pendientes y los animales salvajes convierten el lugar en territorio inalcanzable para las autoridades. Ha sido durante años escondite de los carteles. Ocultarse en el monte es una costumbre muy arraigada en la tradición guerrillera de la región. Aquí, creen los investigadores, los sicarios ejecutaron a las víctimas y las fueron arrojando a los agujeros cavados esa misma noche. Colocaron cuerpos, troncos de madera y más cuerpos formando una pira que encendieron con gasolina. Los restos de la fogata —ropa, botellas, colillas— aún pueden apreciarse. Se necesitaron de cuatro y hasta cinco miembros del Servicio Médico Forense (Semefo), sujetados por una cuerda, para bajar los cadáveres. Las pruebas de ADN para confirmar la identidad de los fallecidos se puede prolongar durante semanas que pueden hacerse eternas en una situación tan tensa como la actual.

Las familias de los estudiantes, también llamados normalistas, no han visitado las fosas porque no creen que sean los restos de los suyos y dudan de la versión oficial que habla de la connivencia entre el narco y la policía. Iguala está lleno de carteles con la cara de los alumnos desaparecidos y una oferta de recompensa de 77.000 dólares para quien de una pista que conduzca hasta ellos. "Vimos que los policías se los llevaron. No puede ser posible que fuera el crimen organizado. Nosotros no les hemos hecho nada a ellos. Se están queriendo lavar las manos diciendo que fue el crimen organizado", dijo este lunes un portavoz de los estudiantes que pertenecían a la escuela de un municipio cercano, el de Ayotzinapa. El caso que ha movilizado al presidente Enrique Peña Nieto y ha puesto en cuestión la capacidad de controlar el territorio del gobernador de Guerrero presenta todavía muchas incógnitas. El alcalde de Iguala y su jefe de policía, de quien se sabe desde hace un año por informes federales que trabajaban para el narco, están prófugos.

A un lado de la vereda por la que transitaron asesinos y víctimas vive un taxista. El domingo bautizó a su hija más pequeña en una carpa que montó con la ayuda de un cuñado. Los invitados bebían tequila y comían carnitas mientras el servicio forense bajaba del monte los cadáveres encontrados. Policías y militares que llevaban horas trabajando sin descanso en la recuperación de los cuerpos se unieron al banquete. El taxista no puso muy alta la música por respeto a los muertos pero fue a la tienda a comprar más alcohol y comida para consolar a los vivos.



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