jueves, 2 de octubre de 2014

José Woldenberg - La famosa autonomía

Fui invitando a la celebración de los 85 años de la autonomía de la UNAM. Se trató de una mesa redonda interesante en el marco de un evento que duró tres días. Lo que sin embargo no me explico es el aura magnífica de la que goza aquella Ley Orgánica de 1929. Se trata de un auténtico puercoespín, algo muy lejano de lo que hoy entendemos por autonomía.

Aquella Ley mostraba de manera ostensible que el gobierno no sabía qué hacer con la Universidad. Autónoma, lo que se dice autónoma, no la quería del todo y por ello la Ley establecía que el presidente de la República propondría una terna al Consejo Universitario de la que éste debía elegir al rector. El mismo Presidente podía designar, “con cargo a su presupuesto”, profesores extraordinarios y conferenciantes, tenía la posibilidad de vetar diversas resoluciones del Consejo Universitario y la Secretaría de Educación designaba un delegado ante el Consejo Universitario “con voz informativa únicamente”. Era un divorcio en el cual papá gobierno seguía manteniendo facultades para intervenir en los asuntos de la Universidad.









Lo anterior, desde una visión gradualista, podría verse incluso como pasos en la dirección correcta. No obstante, la propia Ley, en sus considerandos establecía que: “no obstante las relaciones que con el Estado ha de conservar la Universidad, ésta en su carácter de autónoma tendrá que ir convirtiéndose a medida que el tiempo pase, en una institución privada...”, y más adelante sentenciaba “que aunque lo deseable es que... llegue a contar en el futuro con fondos enteramente suyos que la hagan del todo independiente desde el punto de vista económico, por lo pronto... tendrá que recibir un subsidio del gobierno federal...”. Ese desprendimiento futuro de las obligaciones del gobierno se consideraba justo porque “la rehabilitación de las clases trabajadoras en México... obligan al Gobierno de la República a atender en primer término a la educación del pueblo en su nivel básico, dejando la responsabilidad de la enseñanza superior... a los mismos interesados... La instrucción universitaria profesional debe ser costeada por los educandos mismos”. (Eugenio Hurtado Márquez. La Universidad Autónoma 1929-1944. UNAM. 1976).


Solo cuatro años y tres meses después, esa Ley fue sustituida por otra, más radical en cuanto a la ruptura de los compromisos estatales con la Universidad. Ésta perdía su carácter de nacional y la llamada Ley Bassols dejaba en el Consejo Universitario la facultad de nombrar al rector, se fijaba con claridad su patrimonio y erradicaba la injerencia del gobierno en los asuntos de la casa de estudios, pero establecía que “cubiertos los diez millones de pesos (que el gobierno le entregaría a la UNAM)... la Universidad no recibirá más ayuda económica del gobierno federal”. Esa disposición, le permitió a un senador (Aguayo) decir durante el debate: “Hoy tenemos la Universidad... desvinculada completamente del gobierno, desconectada del Estado”. “Hoy se le da un patrimonio, una cantidad, una suma determinada para que la maneje y viva. Pero ya nada más una cantidad, ya no una cosa permanente, perpetua, que tenga el carácter de subsidio...”. Eso suponía una auténtica privatización de la institución. Podría hacer lo que quisiera pero se tendría que rascar con sus propias uñas.

La situación de permanente convulsión en que vivió la Universidad a partir de entonces demandó no sólo la redefinición de las relaciones entre el gobierno y la UNAM sino un nuevo diseño del gobierno universitario. Eso sucedió con la Ley Orgánica presentada por el rector Alfonso Caso en 1944. Vigente desde entonces mucho se puede decir de ella, pero en lo sustantivo logró que la autonomía se entendiera como gobierno propio sin obstrucciones gubernamentales y como capacidad para definir por sí misma el rumbo de la institución garantizando la libertad de cátedra e investigación, sin relevar al Estado de la obligación de subsidiar a la educación superior. Esos dos rasgos sustantivos -repito: capacidad de autogobierno, a partir de una Ley Orgánica aprobada por el Congreso y obligaciones estatales para hacerla viable- se extendieron a la mayoría de las universidades públicas del país, y entiendo que son pilares que (casi) nadie pretende remover. Se trata de un arreglo institucional funcional y conveniente.

Si queremos festejos, entonces la que los merece es la Ley Orgánica de 1944, publicada en enero de 45. Van a cumplirse 70 años. Y si en el Poli anda reptando el gusanito, sirvan estas notas como recordatorio.




Leído en http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=267629



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