Ni el 2 de octubre ni casos similares deben olvidarse.
El derecho ciudadano a saber conlleva una obligación no política pero sí moral: no olvidar, y así lo argumentó en un seminario sobre violencia Fabián Aguinaco. Estamos obligados a no olvidar a personas y circunstancias que han contribuido a hacer mejor nuestra sociedad pero también a las que la han agraviado.
· EL RETORNO
La obligación de recordar puede ligarse a la tesis de Javier Sicilia: en México está de retorno el proyecto de la "dictadura perfecta" (Proceso, 28 de septiembre). Para Sicilia, uno de los objetivos de la actual estructura política es hacer a los mexicanos olvidadizos, indiferentes a los agravios del poder, dóciles y desprotegidos por el Estado para que puedan ser "absolutamente explotables" por los beneficiarios del sistema: el puñado de concentradores de la gran riqueza.
Sicilia ve en la prisión de José Manuel Mireles y de las autodefensas de Michoacán, de Nestora Salgado de Guerrero, o de Mario Luna de Sonora, casos concretos de la decisión del poder de castigar a quienes se niegan a someterse. A la lista de los reprimidos hay que añadir la de instituciones sometidas o en vías de serlo, como los grandes partidos, la CNDH o el INE. Sin embargo, aún hay espacios para que, desde la sociedad, se impida la consolidación de la nueva edición de esa "dictadura perfecta".
· COMBATIR EL FUEGO CON EL FUEGO
Sicilia caracteriza la actitud prevalente en zonas amplias de la sociedad mexicana como la de quienes se rigen por el "así son las cosas" y el "qué le vamos a hacer". Pero también está el otro sector del que el propio Sicilia forma parte, como también Gonzalo Aguilar Zinser, Sergio Aguayo, Miriam Morales y las otras personas que decidieron emplear el fuego contra el fuego, es decir, usar a instancias del Estado para forzar a ese mismo Estado a actuar contra su propia ineficacia, corrupción, irresponsabilidad y la violación de la legalidad. En este caso y como ciudadanos agraviados, demandar, que la PGR actúe en defensa de derechos humanos violados.
· CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE
El despacho de abogados de Aguilar Zinser no pudo ser rápido pero sí furioso. Se tomó su tiempo para estudiar con cuidado el caso y elaborar su denuncia, pero finalmente y como parte de los objetivos de la organización "Desarma México", el 22 de septiembre presentó y luego ratificó ante la PGR una denuncia de hechos y formulación de querella por el conocimiento y complicidad de autoridades mexicanas ante la acción ilegal -criminal- que llevaron a cabo otras autoridades, las norteamericanas, que deliberadamente dejaron pasar a México varios miles de armas y que éstas "buscaran su camino" hacia las organizaciones criminales mexicanas, para supuestamente trazar el mapa de sus redes de distribución. Se trató de varios proyectos, pero el más conocido fue el último, el "rápido y furioso" de 2009.
El proyecto era ilegal y además resultó un fracaso, entre otras cosas porque no hubo recursos para poner el "chip" a las armas en cuestión y que hubiera permitido su monitoreo. Luego, las autoridades mexicanas que, pese a negarlo, sí estaban informadas del plan y debían seguir los cargamentos, los perdieron -o los quisieron perder- de inmediato. Poco a poco algunas de estas armas han ido apareciendo en escenas de crímenes, entre ellos el de un agente norteamericano en 2010.
"Rápido y furioso" no funcionó, pero la idea implicaba dejar que las armas llegaran a las bandas criminales sabiendo que existía la posibilidad de que fueran usadas contra mexicanos -criminales o inocentes- antes de ser recobradas. Desde cualquier punto de vista, político o moral, la idea era inaceptable pero en México alguien la aceptó durante la administración de Felipe Calderón y ese o esos personajes deben ser buscados por la PGR y consignados. No olvidar lo ocurrido es una obligación.
· IDEA CENTRAL Y BASE LEGAL
Ante la injusticia, y antes de pasar a otro tipo de acción, hay que usar las instancias legales y de manera inteligente. La denuncia de hechos y formulación de querellas contra las autoridades mexicanas que colaboraron con las norteamericanas en un acto ilegal, parte de un supuesto: según nuestra Constitución, el bien supremo a proteger son los derechos humanos y cualquiera que considere que se han violado los derechos humanos propios o de cualquier otro mexicano tiene derecho a presentar una denuncia y la autoridad está obligada investigarla y, de ser el caso, a actuar. Si el plazo para actuar se deja pasar o se investiga mal, se puede recurrir al amparo y si, finalmente, la justicia nacional no funciona, entonces queda la instancia internacional.
· CONCLUSIÓN
El proyecto político realmente en marcha en México y la legalidad de dados cargados que lo cobija son inaceptables, pero enfrentarlos fuera de esa legalidad es arriesgado y poco viable. Lo conveniente es hacerlo por las torcidas vías legales pero con inteligencia. Desarma México está intentando esta vía, es importante saber hasta qué punto funciona.
agenda_ciudadana@hotmail.com
Leído en http://periodicocorreo.com.mx/agenda-ciudadana-02-octubre-2014/
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