Hay una diaria batalla entre las versiones oficiales y la voz popular en asuntos de la delincuencia organizada y la guerra oficial que contra ella se libra. Por todo el país se da cuenta de enfrentamientos, balaceras y hechos extremadamente violentos, pero la gran mayoría de esos casos apenas encuentran referencia en recuentos o notas breves y escuetas de algunos medios de comunicación, aunque es más frecuente el silencio (imputable, en la mayoría de los casos, no a un gusto de esos medios por el mutismo, sino a las amenazas directas que los bandos criminales hacen a periodistas y directivos que bien saben que no tienen ningún respaldo en el ámbito gubernamental en el que casi por regla se anidan informantes y ejecutores de los mismos grupos denunciados).
A simple vista, y por mera inferencia de estadística elemental, no parecieran corresponder las balas disparadas, las armas utilizadas, los vehículos y aparatos involucrados, el número de participantes ni las horas de confrontación violenta con las bajas oficialmente reportadas. Hay muchas ocasiones en que un accidente de tráfico en carretera significa más muertos en el parte oficial que los registrados en los boletines de prensa elaborados con extremo cuidado respecto a choques entre sicarios y fuerzas gubernamentales. La falta de concordancia entre la percepción popular y la información oficial hace que crezcan versiones en las que se asegura que la aritmética del poder es rasurada, en un afán de no darle nivel de verdad reconocida por los gobiernos a hechos que si se conocieran en su completa dimensión abonarían el miedo colectivo y otorgarían a los cárteles un rango combativo elevado.
Ayer, en Veracruz, y más en general en la región huasteca donde convergen franjas de varios estados, se vivió otro de esos momentos en los que la falta de información oficial oportuna genera rumores y multiplica el miedo. Apenas instauraba el gobernador Javier Duarte de Ochoa un cogobierno marino en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, echando a la calle a cientos de miembros de la policía intermunicipal, con indemnización pero sin más futuro que poner sus habilidades al servicio de otros patrones, cuando en la zona norte de la entidad se producía uno más de los acontecimientos aterradores que a lo largo del país van sucediendo.
Pasajeros que viajaban en autobuses en la zona cercana a Pánuco vivieron incidentes mortales que en la inmediatez de la información por Internet lo mismo parecían constituir una masacre, con más de 40 muertos, que 20 o, según la precisión final del gobierno veracruzano, de 16, entre viajeros y presuntos atacantes. Más allá de los números, lo vivido en Veracruz, es decir, en todo México, es absolutamente intolerable: viajar por carreteras, sobre todo de noche y madrugada, es un riesgo mayúsculo en ciertas zonas del país, donde las propias fuerzas federales y estatales reaccionan con lentitud cuidadosa ante reportes de ataques, pues amplias franjas son dominadas por narcotraficantes y delincuentes mayores. No es, sin embargo, con el silencio o la manipulación de datos como se sirve adecuadamente al interés de una sociedad que sabe más de lo que sus gobernantes suponen.
Astillas
Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación han aceptado que aun cuando desde 1972 su jornada de labores ha sido solamente de seis horas, a partir de enero próximo será de ocho. Sin embargo, piden que la faena sea de corrido y no con una hora de interrupción, para comer, pues esta partición trastoca o impide rutinas personales adquiridas antes de los cambios de horario (ir a recoger hijos, por ejemplo). Ese punto de conflicto ha generado inconformidad con la parte patronal, que constituyen la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, pero también con la pasiva dirección sindical, encabezada por Juan Bautista. El tema de las ocho horas corridas de trabajo se suma a la inconformidad que ya se manifestó a principios de año, a causa de la disparidad de beneficios entre trabajadores de base, secretarios de juzgado y titulares, es decir, jueces y magistrados. Uno de los inconformes, con plaza en la ciudad de México, asegura que la diferencia salarial puede ser hasta de ocho veces: “un juez percibe 60 mil pesos a la quincena, netos, y un magistrado 75 mil pesos a la quincena, netos también. Además, este año, jueces y magistrados recibieron dos bonos por 464 mil pesos cada uno por concepto de ‘seguridad’, para que blinden sus autos, contraten escoltas, etcétera. Cuando las más de las veces quienes tienen más contacto con los presuntos delincuentes son las y los trabajadores de base, al tomar declaraciones, por ejemplo”. Sin embargo, sólo después de que la sección de Chihuahua realizó un plantón en marzo del año pasado, mismo que amenazaba contagiarse a otras secciones, la dirección sindical se vio obligada a actuar y el Consejo de la Judicatura accedió a entregarles 5 mil pesos adicionales por única vez a los trabajadores de base el pasado noviembre. Otro dirigente, del sur del país, asegura que lo que más desespera a las y los trabajadores de este poder es la arrogancia de los titulares, los privilegios que disfrutan, el mal trato que muchas veces les dispensan, y el tráfico de influencias que se da entre ellos... Silvia Cruz comenta: “Lo que me asombra de tu escritura es ese tono españolizado en la forma de redactar, en las expresiones ‘plantar cara’ (¿qué es eso?, ¿hacerle frente?). Hay muchas formas de colonialismo, la peor es la que sufren quienes se empeñan, como todos los que siguen los preceptos de la Academia Española, en seguir obedeciendo a quien un día dominó y ensangrentó estas tierras”...
Y, mientras este tecleador desea a quienes lo leen que disfruten la temporada, pasen felices fiestas y tengan un mejor año en (gulp) 2012 (y a quienes no leen, también, para que no se ofenda algún candidato rebosante de vacuidad literaria), ¡hasta el próximo lunes nueve de enero, luego de un merecido descanso de dos semanas a los lectores!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.