Si fuese necesario reducir el complejo conjunto de problemas que afectan hoy a la sociedad mexicana a uno solo, entonces el de la corrupción -pública en primer lugar pero con su contraparte privada- debe ser el elegido. La corrupción es un elemento presente en cualquiera de los otros asuntos que conforman hoy el abanico de nuestros males colectivos, desde el narcotráfico hasta la degradación del medio ambiente, pasando por la debilidad fiscal, lo raquítico del crecimiento económico, la mala calidad de la educación y docenas de temas más.
La corrupción dentro de las estructuras del poder es algo tan antiguo como la política misma. Ya la Biblia menciona el tema. En Roma, al final del segundo siglo A. D., cuando la guardia pretoriana era ya un factor de poder decisivo, la selección de un emperador se parecía a una subasta: el cargo se daba al mejor postor y qué decir de las consecuencias de la venta de puestos públicos por la corona española durante nuestra época colonial.
En México la corrupción es un mal endémico. Dada la naturaleza humana no podemos suponer que no existía aquí antes del siglo XVI aunque es difícil saber cuáles eran sus formas y su extensión, pero el fenómeno ya está bien documentado a partir de la conquista, cuando se instaló como una extensión de las múltiples prácticas de torcer la legalidad, que existían -abundaban- en la metrópoli, aunque con peculiaridades propias debido a la existencia de una amplia población original derrotada, a la que peninsulares, criollos, mestizos y caciques indígenas consideraban materia de explotación.
· Definición
En su sentido más amplio, se entiende como corrupción la perversión o el abandono de un estándar establecido de conducta. En el campo de la política, hoy en día, se le puede definir de manera más específica: como el uso de un puesto público o de autoridad para lograr un beneficio personal no permitido por la ley. Las formas más corrientes de esta corrupción son el soborno, la extorsión y el uso inapropiado de información oficial (The social science encyclopedia, Londres, 1996, p. 142).
Hace medio siglo, la literatura especializada no parecía demasiado preocupada por los efectos de la corrupción. Por un lado, algunos optimistas suponían que el proceso general de crecimiento llevaría a disminuir sus áreas e intensidad de manera tal que en los países desarrollados el tema llegaría a perder relevancia y, sin desaparecer del todo, sería más una excepción que una regla. Por otro lado, en países atrasados como el nuestro, el soborno sí era un problema central aunque también podría tener un elemento funcional, al aceitar los engranes de una maquinaria burocrática ineficiente y eliminar así cuellos de botella administrativos para actores privados discriminados pero dinámicos y con recursos (ver, como ejemplo, a un clásico de la época: Fred W. Riggs, Administration in developing countries, Boston, 1964).
Al consultar el "Índice de Percepción de Corrupción" de 2011 publicado por Transparencia Internacional y que se refiere específicamente a los niveles de corrupción en el sector público en 183 países (cpi.transparency.org/cpi2011/results), se comprueba que los 10 países que encabezan la lista con los mejores resultados son sociedades muy desarrolladas donde efectivamente, la corrupción pública ya no es problema sustantivo: Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, etcétera. Sin embargo, entre los 10 últimos países, hay una mezcla de aquellos donde evidentemente su característica central es la pobreza extrema, como son Somalia, Haití o Sudán, con alguno que combina pobreza y hambruna con uno de los mayores ejércitos del mundo y una industria atómica -Corea del Norte- y con otros poseedores de una gran riqueza petrolera y sectores sociales con niveles de consumo altos pero con una burocracia poco profesional y dada a aceptar o exigir sobornos, como Venezuela e Irak.
Así pues, la corrupción pública ya no está asociada directamente y positivamente con el subdesarrollo en general: Rusia ya no es una gran potencia pero sigue siendo capaz de poner vehículos espaciales en órbita, sin embargo se encuentra cerca del fondo de la escala de corrupción (en lugar 143), al lado de Mauritania. Por otro lado, Estados Unidos -el país más poderoso del mundo y puntero en el avance científico- está, en materia de probidad pública, dos lugares por debajo de Chile. Y, finalmente, México, con un grado de desarrollo no muy distinto de Chile, en materia de corrupción se encuentra en el sitio número 100, es decir ¡78 lugares más abajo que Chile! Esto último muestra que con un grado de desarrollo económico comparable, entre Chile y México hay un mundo de diferencia en materia de honestidad pública que en alguna medida puede explicar el dinamismo del proceso económico chileno y el estancamiento relativo de México. Y esto último arroja dudas sobre la vieja propuesta que sostenía que en algunos casos la corrupción pública podía ser funcional al crecimiento pues hacía que las trabas administrativas dejaran de ser tales para los actores económicos con recursos y proyectos.
·Los costos materiales y morales de la corrupción en el sector público
La percepción de una corrupción extendida en la estructura gubernamental desmoraliza al ciudadano común y corriente, lo transforma en cínico respecto de la cosa pública y le hace percibir al gobierno y al Estado mismo no como organizadores del esfuerzo común, ejes del "proyecto nacional", sino como estructuras ajenas, parasitarias y finalmente como enemigas de un hipotético interés colectivo. Y las encuestas así nos lo muestran. Por ejemplo, en el caso de México, hace poco más de tres años, al preguntar si el país era gobernado en interés de la mayoría o de unos cuantos, el resultado fue contundente: el 83% de los encuestados respondió que era gobernado por los intereses de unos cuantos y en su propio beneficio (Reforma, 20 de mayo, 2008). Se trataba de una encuesta a nivel mundial que permitía la comparación; el promedio de los ciudadanos que no percibían al gobierno como una fuerza que velaba por el interés de la mayoría era del 63%. Hoy, el grueso de los ciudadanos no se hacen ilusiones sobre la probidad y compromiso de sus gobernantes con los intereses del ciudadano de a pie, pero México está muy por encima del promedio mundial -cuatro de cada cinco tienen esa visión negativa-, aunque sorprende que en Estados Unidos esa visión desilusionada está apenas unos puntos por debajo de la mexicana.
Que la corrupción tiene efectos negativos sobre el desarrollo sano de la economía y del sentido de comunidad, queda claro al examinar los terribles efectos de un ambiente extendido de falta de ética. El ejemplo más significativo es el norteamericano, donde la clase política se empeñó en declarar guerras por motivos falsos -Irak- y en su afán de favorecer a las clases altas, abandonó deliberadamente la vigilancia de las malas prácticas de las instituciones financieras y permitió una acumulación rápida de la riqueza en un sector muy reducido de la población, lo que desembocó en burbujas especulativas, especialmente en el sector inmobiliario, que están en la raíz de la crisis económica de 2008 cuyos efectos negativos se extendieron al resto del mundo y que siguen afectando, sobre todo, a las clases populares y media (al respecto ver los numerosos ensayos del Nobel de economía Paul Krugman en The New York Times). Otro buen ejemplo del alto precio que toda una sociedad debe pagar por la corrupción es Italia -que en el índice de Transparencia Internacional ya citado, ocupó el lugar 69, muy por debajo del conjunto de los países europeos. En Italia, Silvio Berlusconi usó por años su dominio sobre la televisión para ganar y mantener el puesto de primer ministro y blindarse así contra de los cargos de corrupción y seguir aumentando su enorme fortuna personal a costa de llevar a su país a la bancarrota (ver el análisis de Paolo Flores d'Arcais en El País, 21 de noviembre, 2011).
· En síntesis
Poner el combate armado al narcotráfico como el centro de la gran tarea nacional inmediata en vez de enfrentar a la corrupción en general ha sido un error. Hoy, la obligación de todas las fuerzas políticas mexicanas es centrar su energía en el combate a la corrupción de cuello blanco y de cualquier otro color. Es un combate sin fin, pero el llevarlo a cabo tiene dos grandes ventajas: primero, generaría apoyo y relegitimaría a la política. Y segundo, la reducción de la corrupción de la esfera pública abrirá más espacios a las actividades constructivas de la sociedad.
Leído en http://www.reforma.com/editoriales/nacional/639/1276632/
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