Al ser tan importante, quizá lo más importante que tenemos, los mexicanos somos particularmente proclives a perder el tiempo; implicados culturalmente en la cosmovisión acerca de que un tiempo infinito nos aguarda después de la vida, dilapidamos el mayor de nuestros recursos. Como prueba de ello baste saber que los mexicanos estamos entre los mayores consumidores de televisión chatarra; programas de “entretenimiento” los llaman quienes los transmiten, sin precisar qué significa eso de entretenerse, ya que ello los obligaría a reconocer que es una forma pasiva, marginal, enajenada e improductiva de esperar por la muerte.
Y así en todo; ahora que presenciamos el inicio de un largo conflicto de origen poco claro entre un empresario de la comunicación y el gobierno federal en torno a la concesión de la banda 2.5 GHz y que, en el mejor de los casos, implicará al país una demora en la utilización de un recurso de una enorme importancia para el desarrollo del país de por lo menos cinco años, nos preguntamos con base en qué alguien puede apropiarse del tiempo de los mexicanos; robárselo sería una expresión más precisa.
En esa misma dirección estaría el escenario más probable en materia de gestión pública derivado de las elecciones que deberán concluir una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las declare válidas, pero que un importante segmento de la sociedad se resistirá a aceptar.
Qué bueno que la izquierda tenga una importante plataforma legislativa y se diga decidida a dar la batalla para impedir las reformas que considera inconvenientes para el país, igual que resulta bueno que quienes están en favor de ellas perciban la opción de construir las mayorías necesarias para impulsarlas.
Entre los argumentos que han favorecido la pérdida del tiempo nacional, junto con instituciones que resultaron necesarias y eficaces para otro tiempo mexicano pero que ya no lo son más, como el derecho de amparo llevado a extremos de parálisis absurdos, está la obligación política de construir “consensos” para tomar las grandes decisiones, término que busca crear un espacio para la legitimación o no legitimación de las acciones de gobierno.
Si los acuerdos son por “consenso”, pues todo en orden, pero si son por el ejercicio de la mayoría, emanada ésta del acomodo que los votos determinaron, pues resulta en una imposición; el consenso se vuelve entonces una metademocracia que resultará, justamente por la democracia misma, imposible de lograr.
Al ser tan claras y aparentemente irreconciliables las plataformas políticas entre los partidos sobre las reformas que se proponen, para aprovechar la oportunidad que la estabilidad macroeconómica le da al país frente a muchos otros que tardarán años en recuperarla, no debemos perder el tiempo en aras de los consensos, sino que hay que aprovecharlo en la construcción de las mayorías necesarias para impulsarlas, según los diagnósticos, los objetivos a cumplir y los beneficios explícitos que se esperarían de ellas.
Si algo caracteriza a las sociedades que han alcanzado niveles de desarrollo humano de alta calidad es la eficacia con la que han utilizado el tiempo; por un lado, proponiéndose objetivos que sólo podrán alcanzarse a largo plazo, situándose así en el tiempo histórico. Por el otro, fijándose metas y tareas a cumplir en el tiempo de cada persona, gobierno y generación, ello para impedir la evasión de responsabilidades, las cuales tendrían que sancionarse jurídicamente para evitar el escapismo que actualmente se tiene y que se sustenta en un simple “no se pudo”.
Entre las asignaturas pendientes de la política nacional está el entender cabalmente a don Renato Leduc, quien nos convoca a la sabia virtud de conocer el tiempo.
Presidenta nacional del SNTE
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