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| Manuel Camacho Solís |
El conflicto que se hizo público entre la Presidencia y MVS es la gota que derrama el vaso de una relación entre la política, la prensa y las empresas de comunicación que le representa altos costos al desarrollo económico, la democracia y el ejercicio de las libertades.
El modelo existente es disfuncional para la sociedad y a mediano plazo lo será incluso para las empresas que hasta ahora se han beneficiado.
El conflicto hizo ostensible que el modelo no protege el interés público. El otorgamiento de las concesiones sobre el espectro radioeléctrico —que es un bien público— es completamente discrecional. Lo mismo se cobran caro que se llegan a regalar, se prolongan sus tiempos de duración o se aplican las leyes a conveniencia. Está demostrado que el otorgamiento de las concesiones ha sido un poderoso instrumento de control político a partir de actos de complicidad.
Esta rencilla demostró que el gobierno no tiene ningún interés en favorecer la competitividad. En este caso, la “supercarretera” —el carrier de carriers— representaba la posibilidad de mayor competencia en el sector. La asociación entre MVS, Alestra y otras empresas extranjeras como Clear Wire, constituía un grupo diferente a los de las televisoras, cableras y a la principal telefónica.
El proyecto había sido bien visto con simpatía por la Cofetel y por la Cofeco. La pugna llevará a acentuar el retraso tecnológico. Si la banda ancha ofrece posibilidades de mayor rapidez, menor costo y velocidad para los usuarios de internet, su no introducción significará años adicionales de retraso por los juicios a los que dará lugar el conflicto. Este retraso se adiciona al tiempo que ya se perdió por falta de decisiones oportunas.
Este asunto ha expresado con crudeza cómo la libertad de expresión puede quedar condicionada a intereses políticos y comerciales. Ya no queda ninguna duda de que una periodista honesta, profesional y valiente, como Aristegui, le es incómoda al poder, al punto de condicionar decisiones de gobierno de la mayor trascendencia a lograr su control o hasta sacarla del aire. Lo ocurrido fue una intervención contraria a la libertad de expresión. Fue también un serio error político: el manejo informativo que suscitó el enojo por la referencia a la declaración de Fernández Noroña se pudo haber resuelto con una aclaración directa, oportuna y creíble; en cambio, ahora los funcionarios involucrados serán incluidos entre aquellos que en el pasado tomaron decisiones contrarias a la libertad de expresión. El registro de las intervenciones de los funcionarios para “proteger” al Presidente y lograr el sometimiento de la periodista, además de vergonzoso, pasará a la historia como un nuevo agravio contra el periodismo independiente.
El conflicto da argumentos adicionales a una sociedad y una opinión internacional críticas que se han movilizado en contra de las empresas televisoras y sus aliados políticos. En la jornada electoral y en su impugnación fue un tema central. Los movimientos #YoSoy131 y 132 nacieron para luchar por la democratización de los medios de comunicación. La prensa internacional seguirá siendo crítica y tendrá nuevas evidencias de la falta de transparencia en la relación de los medios con el poder en México.
La crisis que ha provocado el conflicto entre el gobierno y MVS, donde en medio quedó lastimada la libertad de expresión, simbolizada por la periodista Carmen Aristegui y su equipo, confirma que el modelo es ya un obstáculo para el desarrollo económico, la consolidación de la democracia y el ejercicio de las libertades.
Se necesita un nuevo régimen en la materia que proteja el interés público, acelere el cambio tecnológico, aumente la competencia con sus debidos beneficios para el consumidor, garantice las inversiones privadas a largo plazo y proteja la libertad. Hay que conformarlo tomando en cuenta los intereses reales, pero con una visión que lleve a un mejor arreglo para la sociedad.
Coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México
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